El Juzgado Octavo de Primera Instancia ordenó la captura de cuatro trabajadores del Ministerio Público (MP), en el marco de las pesquisas efectuadas por el proceso contra el ex fiscal ílvaro Matus.

Al cierre de esta edición, la Policí­a Nacional Civil habí­a ejecutado dos aprehensiones; sin embargo, debido a la reserva que la fiscalí­a especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidió para el caso no hubo información oficial por parte de fuentes judiciales.

Los ahora detenidos responden a los nombres de Carlos Gabriel Rodrí­guez Serrano y Denis Herrera Arita; también que tanto los aprehendidos como los pendientes de captura (al cierre de esta edición) son trabajadores del Programa de Protección a Testigos.

Rodrí­guez fue arrestado esta mañana en el sótano del MP, en el barrio Gerona zona 1, mientras que Herrera fue detenido en el tercer nivel de ese edificio.

La fiscalí­a les imputa a ambos trabajadores del MP, los delitos de obstrucción a la justicia y conspiración; según orden de captura girada el 10 de junio pasado por la jueza Marta Sierra de Stalling, presidenta del Juzgado Octavo.

A criterio de Milton Miranda, abogado defensor de ílvaro Matus, la sindicación que la fiscalí­a hace contra los trabajadores del MP se refiere a que la sobreviviente del atentado que segó la vida de Ví­ctor Rivera, ex asesor de Gobernación, abandonó el paí­s por medio de ese programa, sin antes presentar una declaración como prueba anticipada.

Miranda indicó: «me enteré de forma superficial sobre las capturas porque estas no se notifican sino sólo se ejecutan», y añadió: «es evidente que las imputaciones de algún testigo del caso abandonó el paí­s sin que hubiera declarado según le interesaba a la fiscalí­a», indicó.

La CICIG sostiene que Matus, quien fungió como titular de la fiscalí­a de delitos contra la vida del MP durante la administración de Juan Luis Florido como Fiscal General, habrí­a ordenado a fiscales a cargo del caso Rivera que omitieran la celeridad en diligencias como allanamientos pese a contar con las órdenes de juez. Además, señala que hubo extraví­o de evidencia dentro del proceso de investigación de ex asesor de Gobernación.