Eduardo Arévalo Lacs, ministro de la Defensa durante el período presidencial de Alfonso Portillo, fue capturado esta mañana por responsabilidad en el desfalco de Q120 millones de esa dependencia, que presidió durante 2001.
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La captura del ex funcionario del gobierno del período del Frente Republicano Guatemalteco fue girada por el Juzgado de Turno de la capital y el expediente fue tramitado en el juzgado Octavo de Primera Instancia.
La fiscalía especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputa al ex militar el delito de peculado.
Arévalo fue aprehendido esta mañana en una residencia ubicada en la zona 10 capitalina, luego que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (MP) realizaran no menos de seis allanamientos en diferentes inmuebles de su propiedad.
Sindicación
Arévalo Lac es sindicado de haber ordenado y propiciado la emisión de dos cheques por un total de Q120 millones del Ministerio de la Defensa durante su gestión.
El proceso en su contra también se refiere a la autorización de la modificación presupuestaria detallada en el acuerdo 16-2001, que ordenaba el traslado de los Q120 millones del Crédito Hipotecario Nacional hacia el Ejército, dinero que no ingresó ni física ni financieramente, indicaron los investigadores especiales para la CICIG.
Los dos cheques aprobados por Arévalo fueron de Q48 y Q 72 millones, los cuales fueron cobrados en efectivo en el Banco de Guatemala, pero no se recibió, nunca, en su destino.
Los Q120 millones por los que hoy será procesado el ex ministro de la Defensa forman parte de los Q471 millones que fueron desfalcados en esa entidad durante el período de gobierno de Portillo, quien también está implicado en este caso.
La Fiscalía le imputa el delito de peculado por la sustracción de fondos públicos que tenía a su cargo por razón de sus funciones. Ese delito contempla una sanción de tres a diez años de prisión y multa de Q500 a Q5 mil, según el Código Penal.
Tanto Arévalo Lacs, como Alfonso Portillo y Enrique Ríos Sosa, hijo Efraín Ríos Montt, militar golpista y líder del FRG; y otros militares más, se habrían apropiado de dinero público de esa entidad del Estado.
Otros Vinculados
Portillo está ligado a proceso por el delito de peculado, tras ser acusado de malversación de los fondos del Estado durante su período de Gobierno, el mismo caso por el cual está siendo procesado Arévalo Lacs. El ex presidente se entregó a la justicia guatemalteca en octubre último luego que las autoridades de este país lo persiguieran durante más de tres años. Por ese mismo caso permanece también ligado a proceso el ex militar Moisés Galindo.
Otros militares permanecen ligados a proceso por la autorización de 107 certificados por medio de los cuales se avalaban los gastos del Ejército a través de los que se desfalcó a la entidad castrense en 2001.
Los militares: capitán Pedro Adolfo Catalán Muñoz y teniente Miguel íngel Salguero Torres, son sindicados y procesados por peculado y falsedad ideológica por el multimillonarios desfalco de la entidad castrense durante 2001, la cual sumó Q 471 millones, de la anterior suma, Q 120 millones fueron extraídos ilícitamente por Arévalo Lacs.
Las investigaciones detallan que Enrique Ríos Sosa, quien fue jefe de Finanzas del Ejército, firmó 69 de los citados certificados, que suman más de Q446 millones 240 mil; Salguero Torres suscribió 34 documentos que suman Q263 millones 536 mil, y Catalán Muñoz, firmó 4 que suman Q4 millones 95 mil.
Los últimos se ampararon en el secreto militar para no explicar los gastos que supuestamente justificarían la multimillonaria pérdida de fondos en la entidad castrense.
El Ministerio Público (MP) afirma que el monto total del desvío es de Q471 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional durante 2001.
Libertad
La juez Marta Sierra de Stalling otorgó una fianza de Q40 millones al ex ministro de la Defensa, luego que la fiscalía especial para la CICIG detallara los cargos en su contra.
La juzgadora dictó, además, contra Arévalo Lacs, arresto domiciliario y la prohibición de salir del país. Con esa resolución, la fiscalía cuenta con un período de seis meses para efectuar la investigación en su contra y presentar acusación formal.