El último escándalo que ha conmovido a la población guatemalteca es el estado de falencia de una de las instituciones financieras más importantes del país: el BANCAFí‰, quiebra que es prueba evidente de la falta de responsabilidad de las instituciones estatales encargadas del mantenimiento correcto de las operaciones de los bancos del país.
En este caso, desde el año pasado ya se sabía públicamente que Bancafé tenía problemas de insolvencia, a pesar de lo cual ni el Banco de Guatemala, ni la Junta Monetaria, ni la Superintendencia de Bancos, se preocuparon por afrontar esa irregularidad, sino por el contrario se abstuvieron de tomar medidas correctivas y, algo peor, hicieron cómplice de tal anómala situación al único banco del Estado, además de la banca central, o sea el Banco de Guatemala, es decir el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), A pesar de la débil situación en la que quedó dicho banco, después del millonario saqueo que de sus fondos hiciera su presidente-gerente, Llort Quiteño, se le ordenó hacer cuantiosos depósitos en el BANCAFí‰, para impedir el cese de sus operaciones.
Es obvio que esa actitud censurable de las instituciones responsables de la fiscalización del sistema bancario, a favor de BANCAFí‰ se debe a la circunstancia que uno de los accionistas más importantes del dicho banco es el banquero Eduardo González, Secretario General de la Presidencia de la República, y político influyente y líder del partido político oficial, GANA, quien es responsable de los desaciertos en el funcionamiento de BANCAFí‰, porque harta obligación de haber sabido los malos antecedentes de la offshore REFCO y haber evitado hacer las multimillonarias inversiones en esa financiera; pero hay más, Eduardo González estuvo enterado y aceptó que BANCAFí‰ autorizó un sobregiro sin garantía para sacar de dificultades que atravesaba la sociedad Valores e Inversiones del País, S.A. (VIPASA), propiedad de su familia.
Aprovecho la oportunidad para señalar la inconcebible tolerancia de la institucionalidad estatal, financiera y bancaria, de permitir que de hecho operen en el país bancos y financieras extranjeras (las offshores), las cuales no están sujetas a las leyes y disposiciones vigentes en el país y, por consiguiente, no se les pueden deducir responsabilidades, a pesar de la gravedad de los daños y perjuicios que causen y que de conformidad con la legislación penal del país, son constitutivos de delito. Tolerancia constitutiva de violación punible a la soberanía nacional.
Cuando los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos dieron a conocer la tardía decisión de la Junta Monetaria de suspender las operaciones de BANCAFí‰, el candidato presidencial de GANA, Eduardo González, acertadamente anunció que retiraría su candidatura a la Presidencia de la República; pero, inescrupulosamente, posiblemente ante el imperio de la impunidad prevaleciente en el país, pronto se arrepintió y ha declarado que participará en las elecciones primarias de su partido, para la designación del candidato definitivo.
Lamentablemente, la Constitución no prohíbe a Eduardo González, postularse para desempeñar el cargo de Presidente, pues el artículo 185 constitucional, que se refiere a los Requisitos para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República, preceptúa solamente: «Podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de cuarenta años». Es decir, que hasta puede ser candidato un analfabeto. Y es absurdo que para desempeñar otros cargos públicos de menor importancia y responsabilidad se exigen más requisitos, a fin de que los servidores del Estado estén capacitados para el desempeño de su función pública.
Sin embargo, no hay que temer, porque si el banquero Eduardo González no pudo ser eficiente en la administración de un banco privado, menos lo será para gobernar un país. Además es posible que dentro de poco, al igual que su colega, Alvarado Macdonald, esté procesado por la comisión de hechos ilícitos y, seguramente el electorado no va a favorecer a un presunto inculpado de quiebra fraudulenta. Y si él saliera triunfante de las elecciones primarias dentro de su partido, y participara en las elecciones generales, seguramente, dicha organización política terminaría en ser de «gana» a «pierde».