En varias ocasiones hemos criticado la actitud del Contralor de Cuentas de la Nación por su falta de decisión para cumplir con su mandato constitucional que le obliga a fiscalizar hasta el último centavo del gasto público, sin excepciones de ninguna clase. Sin embargo, ahora debemos reconocer que está actuando correctamente al solicitar al Congreso de la República que legisle para establecer candados y prohibir que las Organizaciones No Gubernamentales puedan ejecutar el gasto público y que se sigan usando los fideicomisos como fuente para hacer micos y pericos con los recursos del Estado.
No quiere decir este reconocimiento que aceptemos que la Contraloría no puede fiscalizar a las ONG o auditar al centavo a los fideicomisos porque la norma constitucional es absolutamente clara en el sentido de que tiene no sólo la facultad sino la obligación de vigilar la forma en que se utilizan los recursos públicos. Pero evidentemente hay limitaciones de orden institucional, carencia de recursos y de medios para llevar ese tipo de controles cuando existe tal dispersión del gasto, provocada precisamente para impedir que se le pueda seguir la pista al dinero como corresponde.
Y por esas limitaciones y porque le han tomado la medida a la Contraloría de Cuentas, es importante que se apruebe en el Congreso una norma que ayudaría mucho a la transparencia en el país. Y es momento de ver quiénes son los diputados que tienen compromiso con la corrupción y la podredumbre, que serán precisamente los que se opongan a esa iniciativa que ha planteado el licenciado Carlos Mencos para pedir que se ponga fin a la práctica tan extendida de manipular de esa forma los negocios públicos.
La sociedad debe abandonar su indiferencia para sumarse a la petición que hizo el Contralor y en conjunto tenemos que exigir que se establezcan mecanismos de probidad que nos ayuden a romper el vicio de la corrupción que es practicada por todos los gobiernos y que se va sofisticando mediante la utilización de esos instrumentos perversos que sirven para el fin avieso de saquear las arcas nacionales.
El Contralor ha dado un primer paso importante, pero los diputados tienen cuero de danta y siendo de los beneficiarios directos del manoseo de los fondos mediante las ONG, no moverán un dedo si no existe una fuerte presión de la ciudadanía. Es por ello que en este momento hay que provocar una participación similar a la que hubo con la integración de la Corte, para obligar al Congreso a establecer candados y controles que impidan esa piñata que año con año se hace con los gastos del Estado.