Cancelan proyectos de rehabilitación


Mujeres privadas de libertad de Santa Teresa, serí­an afectadas con la cancelación de programas de reinserción social.

Según el Colectivo Artesana, por resguardar la integridad de los hombres -sindicados de pertenecer al grupo armado los Zetas -que han sido capturados y trasladados a la prisión preventiva para mujeres Santa Teresa-, no podrán ejecutar más programas a favor de las reclusas.

Ligia Flores
lahora@lahora.com.gt

«Por la seguridad de 30 hombres, la inseguridad y cierre de oportunidades de un promedio de 215 mujeres y 19 niñas y niños», reza un comunicado de prensa divulgado por el colectivo de mujeres que trabaja desde el año pasado en Santa Teresa.

Andrea Barrios, representante del colectivo, aseguró que de la dirección del centro carcelario, ví­a telefónica, se les informó la cancelación del permiso que les cedí­a el ingreso desde 2008, para trabajar por medio del arte como una medida alternativa de reinserción social.

«La participación social y la coordinación interinstitucional a favor de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres se obstaculiza», dijo la entrevistada.

SEGURIDAD PARA LOS ZETAS

Barrios denunció que el pasado 7 de marzo, de la Dirección General del Sistema Penitenciario, por medio de la directora del centro Preventivo Santa Teresa, Sandra Ponce, se les informó que la autorización para continuar el trabajo de capacitación y expresión artí­stica habí­a sido suspendida por razones de seguridad.

«Nos parece una incoherencia de parte del Sistema Penitenciario, que un dí­a después de que hacemos pública la campaña 215 Acciones a favor de las Mujeres Privadas de Libertad, uno de sus componentes se desarrolla en el Centro de Prevención Santa Teresa, (…) haya sido suspendido», cita el comunicado.

A criterio de Barrios, es comprensible la situación por la cual atraviesa el Sistema Penitenciario por la captura de «los Zetas», los cuales están en el centro de alta seguridad, que originalmente fue diseñado para delitos menores dentro del Centro Santa Teresa.

«Esta situación da a conocer que la vida de un promedio de 215 mujeres y 19 niñas y niños está en riesgo permanente y que al reforzar las acciones de seguridad en los alrededores, se afectan proyectos sociales como los que Artesana está impulsando», se indicó.

Exigimos que se revise esta decisión dada a conocer por la ví­a telefónica y se nos dé la autorización por escrito para continuar con un proceso que está apoyando a las mujeres y generado en ellas motivación e ideas para reinsertarse a sus familias y a la sociedad.

RAZí“N ADMINISTRATIVA

Por su parte, Sandra Ponce, directora del centro preventivo, negó que se haya cancelado el permiso para que el programa siga ejecutándose. La funcionaria adujo que únicamente se trata del vencimiento del mismo, puesto que éste habrí­a llegado a su perí­odo de validez.

Ponce aseveró que en este momento todas las entidades que tienen programas con el preventivo para mujeres están haciendo la renovación de permisos.

«A ellas solo se les está pidiendo que esperen la nueva resolución para seguir trabajando; en realidad no se les ha dicho que es por «los Zetas». Todo el sistema penitenciario está tomando medidas, pero no tiene absolutamente nada que ver con ellas. Es un asunto puramente administrativo», apuntó.

Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, reiteró que la medida obedece a decisiones de la dirección. «Por órdenes expresas del director se están revisando las autorizaciones», sostuvo.

Esquivel confirmó la presencia de 29 supuestos integrantes del grupo «los Zetas» en Santa Teresa.

«La participación social y la coordinación interinstitucional a favor de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres se obstaculiza»

Andrea Barrios,

Colectivo Artesana