Campesinos sin certeza jurí­dica sobre la tierra


Unas 30 familias permanecen a la intemperie, dentro de los lí­mites de la finca Temal, en la comunidad Bethel, Cobán, Alta Verapaz, luego que los propietarios del terreno intentaran desalojarlos violentamente el pasado miércoles.

Ligia Flores
lahora@lahora.com.gt

Según la denuncia que se hizo en la auxiliatura de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), sus viviendas y pertenencias fueron destrozadas durante el intento de expulsión.

De acuerdo con el Comité de Unidad Campesina (CUC), durante las acciones, los agentes de seguridad de la familia quemaron las viviendas, las reservas de alimentos, ropa y mataron aves de corral de los pobladores.

«Estas familias han vivido todo el tiempo en la finca desde la época de sus abuelos, dedicándose al cuidado del ganado y otros productos, sin recibir ningún salario por la mano de obra que prestan en el lugar», denunció el CUC.

Según Carmen Chen, de la auxiliatura de la PDH de Cobán, los pobladores que hicieron la denuncia afirman que el desalojo se produjo luego que los comunitarios iniciaran las averiguaciones sobre la pertenencia real de la finca, ya que ellos llevan 12 años de habitarla y niegan que la familia Cuhá sea la propietaria.

A la intemperie

Desde el dí­a de la expulsión -hace cinco dí­as-, las 30 familias han tenido que dormir bajo unas lonas que les facilitaron. Las personas no tienen alimentos ni ropa. Hasta el momento, la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres les proporcionó raciones alimenticias para doce dí­as. «Ellos aducen no tener hacia dónde ir y permanecen en condiciones infrahumanas», contó Chen.

AVERIGUACIONES


Delegados de la PDH remitieron la denuncia al Ministerio Público, ya que las personas fueron desalojadas sin orden de juez competente. También se solicitó la presencia de la Defensorí­a de la Mujer, de la Secretarí­a de Asuntos Agrarios y del Fondo de Tierras, para que inicien las averiguaciones sobre la propiedad de la tierra.

También se solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo, para que se resuelva la demanda de incumplimiento de prestaciones que denunciaron los afectados. No se pudo obtener la versión de la familia señalada de ordenar el desalojo.