A partir del próximo 8 de abril iniciará la mesa de diálogo de Desarrollo Rural, considerada por el Gobierno como la «más compleja», ya que en ella se abordarán problemas estructurales que han provocado enfrentamientos históricos entre grupos que se disputan la tenencia de la tierra y la propiedad de los medios de producción.

Las sesiones de trabajo contempladas para los siguientes tres meses en el proceso de diálogo tienen por objetivo concluir con la elaboración de la polí­tica de desarrollo rural del paí­s, que serí­a aplicada durante la gestión del presidente ílvaro Colom.

Luis Zurita, de la Secretarí­a de Asuntos Interinstitucionales, señaló que el gobierno tendrá una importante representación en las discusiones al igual que las organizaciones campesinas, que serán representadas por la Alianza para el Desarrollo Rural.

Según Zurita, la Alianza para el Desarrollo Rural, integra al 90 por ciento de las organizaciones campesinas, lo que demuestra la apertura del gobierno para escuchar las peticiones de la sociedad civil.

El funcionario indicó que sostendrá reuniones bilaterales con el sector empresarial, que también tendrá espacios de participación.

«La problemática agraria es la más compleja porque implica enfrentar problemas estructurales (…) tenemos una economí­a mercantilista, de privilegios, concentradora de la riqueza», refirió Zurita.

Acciones incongruentes

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), reconoce que las intenciones del gobierno son positivas, no obstante lamenta que sean solamente intenciones y que no se lleven a cabo acciones concretas para solucionar los problemas del agro.

Según el representante campesino, el gobierno es incongruente al promover el diálogo en la Ciudad de Guatemala, en tanto que en el interior de la República se está desalojando de manera violenta y «asesinando» a campesinos, por lo tanto considera que la iniciativa podrí­a no funcionar.

«Utilizaron fuertes contingentes de seguridad contra los ciudadanos de Livingston que necesitan tierras y contra los de San Juan (Sacatepéquez) que se oponen a la destrucción del medio ambiente, pero es poco el combate de los narcotraficantes», dijo Pascual.

Pascual cuestiona la polí­tica del gobierno para la utilización de la fuerza pública, ya que en los casos de acción campesina se recurre a importantes despliegues de seguridad, mientras que en la lucha contra los narcotraficantes, que tienen armas de grueso calibre, no se ha tenido resultados positivos, independientemente de las capturas que resultaron de un enfrentamiento entre dos bandas de ese sector. ¿Quiénes son los terroristas? Se pregunta el entrevistado.

Participación incompleta

Ricardo Sulugui, de la Defensorí­a Maya, estima que el llamado al diálogo del gobierno no será efectivo, ya que la participación de las organizaciones campesinas no es representativa, por lo que augura pocos avances en la solución de los problemas del agro.

Las organizaciones campesinas coinciden que en tanto continúen las acciones violentas contra los pobladores que reclaman justicia social, el diálogo no tendrá resultados para conseguir el verdadero desarrollo rural.