Félix Orozco Huinil, miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC), de Coatepeque, señaló que ambas actividades han afectado a unas 15 comunidades, ya que el nuevo uso de los terrenos para la siembra de ambos cultivos, ha acaparado terrenos, por lo que los pobladores no han podido sembrar maí­z para su propio consumo.

Esta situación los hace más vulnerables a una crisis de seguridad alimentaria, ya que muchos de los campesinos se han visto obligados a vender sus terrenos mediante la coacción, según lo han denunciado.

«En la mayorí­a de los casos nos vemos obligados a vender la tierra ante el abandono de las instituciones del Estado y la pobreza extrema, pero también somos ví­ctimas de engaño y estafa, así­ como de amenazas, presiones diversas, por parte de los agentes de los empresarios», aseguró Pablo Diego Mateo, otro representante del CUC.

Acceso

Félix Orozco, también denunció que muchos de los remanentes de bosques están siendo destruidos, por lo que varias de las fuentes de agua y humedales se han ido secando. Los rí­os afectados con la disminución de su cauce son: en el municipio de Ocós, el Pacayá y Naranjo.

«A las personas de Ocós, en verano, les desví­an los rí­os y tampoco tienen acceso a ella, para bañarse, ni lavar; solo pueden usar aguas reposadas, pero esto les trae muchas enfermedades», afirmó el entrevistado.

Según los pobladores, la diversificación de los cultivos comenzó hace unos ocho años, desde que se inició la producción de palma y caña de azúcar para la producción de agrocombustibles, pero hace unos cinco años, comenzaron a sufrir los efectos de la escasez de agua.

Orozco ejemplificó otro caso en el caserí­o La Ayuda, Coatepeque, donde los pobladores quedaron rodeados por las plantaciones y no encuentran agua en las cercaní­as, por lo que se ven obligados a cruzar los terrenos de propiedad privada, a los cuales tienen prohibido entrar.