El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la difícil tarea de organizar las elecciones generales que se desarrollarán en 2015 y 2019, aunque los retos más complicados que se avecinan van más allá de los comicios, y tienen que ver con la educación democrática y reformas en el sistema electoral que rige el funcionamiento de los partidos políticos.

La reciente renovación del TSE recordó a los guatemaltecos que las elecciones generales se aproximan y esta vez habrá nuevos funcionarios organizando el complejo proceso de votaciones, en el que millones de guatemaltecos son llamados a elegir Presidente y Vicepresidente, autoridades locales, diputados distritales, nacionales y centroamericanos.

Sin embargo, más allá de la organización de los comicios, hay expectativas sobre los cambios profundos que los nuevos magistrados puedan realizar en el sistema electoral y de partidos políticos, por tratarse de una demanda constante de la población.

Entre los temas que más preocupan a los magistrados están las acciones contra las campañas anticipadas, el control del financiamiento de los partidos políticos, el sistema de cuotas de poder, el voto en el extranjero, educación democrática y la reforma del sistema electoral, para que se democratice a las agrupaciones y permita la participación ciudadana.

Los magistrados tienen seis años para cumplir con sus objetivos, pero sus retos implican un esfuerzo que augura una importante inversión de tiempo.

RETOS DEL TSE
Ana Elly López, magistrada suplente del TSE, dio a conocer que las nuevas autoridades tienen varias prioridades, aunque de momento es primordial el nombramiento del Registro de Ciudadanos, que ahora lo ocupa un funcionario interino.

En ese sentido, Estuardo Gamalero Cordero, también magistrado suplente, explica que es importante la juramentación de dicho registrador, debido a que tiene como principal atribución el manejo de la base de datos del Documento Personal de Identificación (DPI), elaborar las estadísticas electorales correspondientes, así como fiscalizar y supervisar todo lo relacionado con la inscripción de ciudadanos.

Gamalero explica que actualmente no ha sido nombrado en forma permanente el Registrador de ciudadanos, pero que mientras más rápida sea la juramentación, más seguridad habrá en las próximas elecciones generales 2015.

Ana Elly López, agregó que el TSE está tomando con seriedad el proceso de capacitación de personas que supervisarán las elecciones 2015, así como la depuración del padrón electoral y las necesidades en cuanto al mobiliario y logística.

CAMPAÑA ANTICIPADA
El magistrado Jorge Mario Valenzuela, vocal II del pleno del TSE, indicó que se instaló una comisión a lo interno de la institución, dedicada a realizar un análisis de la campaña anticipada que realizan algunos partidos políticos.
 
Según el entrevistado, esa comisión presentará sus conclusiones ante el pleno del TSE, en donde se determinarán las acciones a emprender en contra de las agrupaciones que realizan propaganda política antes del tiempo.

Gamalero dijo que luego que la comisión emita su análisis, las autoridades del nuevo Tribunal se pondrán a emitir sanciones como lo específica la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y trabajará en conjunto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que las agrupaciones que cometan ese tipo de infracciones cuestionen y consigan amparos contra lo dictaminado.

El analista Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar (URL), considera que ese anuncio obedece a las presiones de diversos grupos sociales y señala que esa acción podría ser esperanzadora solo si se toman en cuenta dos factores.

El primero es que se preparen condiciones internas en el Tribunal, ya que en la actualidad esa institución no tiene peso sobre los partidos políticos y el segundo es que la sociedad civil exija resultados certeros a las autoridades de esa institución.

La Inspección General del TSE, a finales marzo pasado, reportó que existen 128 sanciones a 12 agrupaciones políticas que han incurrido en propaganda política electoral anticipada, pero debido a la debilidad de la Ley las multas apenas ascienden al monto de $102 mil 125.

El informe detalla que de las 128 sanciones, 34 fueron finalizadas por el TSE, 41 se encuentran en trámite por recursos de apelación en la institución, 34 en apelación en la CSJ y 19 en la CSJ con motivo de acción constitucional de amparo.

Según la Inspección General, las sanciones corresponden a las organizaciones: Libertad Democrática Renovada (Lider) con 59 amonestaciones; Compromiso, Renovación y Orden (Creo) con 18; Partido Patriota (PP) con 12; Partido de Avanzada Nacional (PAN) con 8 y Victoria con 7.

Los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Partido Unionista tienen 5 sanciones; Unión del Cambio Nacional (UCN) tiene 4; el Partido Político Visión con Valores (VIVA) tienen 3 amonestaciones; el extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG) con 4; la agrupación política TODOS con 2 y una sanción para el Partido Republicano Institucional (PRI).

COMPROMETIDO FINANCIAMIENTO

Los aportes secretos y en especie, la falta de claridad en las contabilidades de los partidos y los excesos en los gatos de campaña son otra preocupación en el sistema electoral.

“El mejor de los filtros financieros está en el TSE, en las instituciones financieras, la diversificación de bancos y dentro de las asambleas de los partidos políticos”, indica el magistrado Gamalero al referirse al tema del “comprometido financiamiento” de las agrupaciones políticas.

Gamalero explica que en las instituciones financieras –que manejan los fondos de los partidos– es difícil ejercer un control, debido que son privadas, sin embargo la legislación sí permite investigar a los políticos que reportan un incremento en sus cuentas bancarias de la “noche a la mañana”.

El togado indica que detrás de las cuentas podrían esconderse grupos que dan financiamiento a los partidos políticos para realizar campañas, donde luego los mismos “financistas” se dedican a cobrar favores a los funcionarios que ayudaron a ganar.

Además de los controles externos, Gamalero resalta como fundamental que a lo interno de las agrupaciones políticas se realicen auditorias con el fin de fiscalizar a los integrantes de estas y futuros representantes del pueblo.

En este sentido, Cristhians Castillo, representante del consorcio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que el financiamiento es la “caja negra” del sistema electoral guatemalteco.

El problema fundamental es la evasión de los controles del TSE por parte de las agrupaciones políticas, que recurren a diversas estrategias financieras para ocultar el origen de los recursos que se invierten en las campañas.
 
A decir de Castillo, lo que sucede a lo interno de los partidos políticos se escapa completamente del control del TSE y de la institucionalidad del Estado, por lo que las agrupaciones cuentan con un amplio margen de maniobra para recibir recursos de grupos de poder, que no siempre son reconocidos por su transparencia y honorabilidad.

De acuerdo con el analista, se deberían endurecer las sanciones contra los partidos que no cumplan con los requerimientos de transparencia y se debe crear un sistema de auditoria electoral con capacidad para imponer sanciones drásticas para quienes incumplan con la Ley.

En este tema, es preciso resaltar que el financiamiento de los partidos políticos por parte del crimen organizado constituye una de las investigaciones que prioriza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tal como lo menciono en el jefe de esa entidad, Iván Velásquez.

Recientemente, el diputado Edgar Ajcip denunció que existen muchas agrupaciones políticas que se “prostituyen”, debido a los “pagos, sobornos y comisiones bajo la mesa, inclusive con el crimen organizado para realizar campañas electorales”.

De momento, el TSE no han anunciado acciones para controlar los presupuestos de los partidos políticos, ni planes de auditoría sobre sus finanzas, aunque se sabe que es un tema que se encuentra en la agenda de varios magistrados.

EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA
Gamalero dijo que en este tema es necesario prestar atención ya que en la actualidad los guatemaltecos carecen de formación democrática y esta debe es necesaria para iniciar con los cambios nacionales.

Sin embargo, para lograr hacer un cambio es necesario que el Tribunal sea independiente y autónomo en su presupuesto debido que en la actualidad se encuentra bajo el mando del Presidente de turno, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y hasta de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El togado indica que la educación democrática para los guatemaltecos es vital ya que con ella se puede tener libertad y a su vez tener peso en la toma de decisiones sobre el futuro y qué normas y sanciones, en su caso, son necesarias.

REFORMA POLÍTICA
Gamalero hizo saber su preocupación a la propuesta al proyecto de reforma política que se encuentra en la CC debido que en cualquier momento ese órgano podría emitir un dictamen a las reformas planteadas por los diputados del Congreso, las cuales se encuentran aisladas del financiamiento, campaña anticipada, sistema de cuotas y voto en el extranjero, pues los mismos constituyen a los partidos políticos.

“Bajo el entendido que corresponde al Congreso designar a un magistrado de la CC en las próxima magistratura -2015-, es viable pensar que los diputados podrían ejercer presión sobre los togados para que se aprueben reformas a su conveniencia”, añade Gamalero.

En este sentido, Cristhians Castillo dice que la reforma que se encuentra en consulta en la CC no es la más adecuada para el país, porque fue propuesta por el Legislativo sin diálogo y debate.

A criterio del analista, lo único que hicieron los diputados fue tomar algunas propuestas que hicieron varias organizaciones de la sociedad civil, escondiendo sus intereses partidarios en la propuesta de normativa.

Ante tal situación, el Consorcio propone que el TSE presente una nueva iniciativa de ley, ya que cuenta con la capacidad y las facultades para realizar una propuesta donde se reforme la Ley Electoral.

Según Castillo en América Latina existe una regla “no escrita” y es que para hacer una reforma política lo más viable es hacerla un año antes o uno después de las elecciones generales porque permite evitar que los temas más delicados se reformen justo antes de los próximos comicios, y así diferir los cambios en la elección siguiente.

De momento, es probable que las cosas no cambien en el sistema político y el TSE tendrá que enfrentarse a elecciones “violentas, tensas y con certeza de presiones políticas en materia financiera”, explica Castillo, como ha sucedido en los comicios anteriores.

El TSE podría evitar inestabilidad en el proceso del 2015 “impulsando una reforma propia, o bien hacer reformas a los temas más urgentes por la vía de los reglamentos, ya que la Ley que se encuentra en la CC no tiene el suficiente aire político para poder llegar a concretarse”, concluye el analista.

Actualmente, la CC trabaja para emitir un dictamen en el que los magistrados especifiquen, analicen y establezcan si los planteamientos incluidos en la última propuesta de reforma política son acordes a la Constitución, para devolverlas al Congreso, lugar donde podrían realizar enmiendas y si hay voluntad política, se aprueben.