La campaña electoral arrancó y nadie la puede detener, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que carece de los recursos y la capacidad para fiscalizar las millonarias campañas proselitistas que los partidos polí­ticos ya han puesto en marcha para promover a sus potenciales candidatos, y atacar a sus enemigos.

Detrás de panorámicas vallas publicitarias, calendarios, anuncios en redes sociales y encuestas de intención de voto se encuentra la maquinaria propagandí­stica de partidos y agrupaciones polí­ticas, que no esperaron la convocatoria a elecciones -prevista para mayo del próximo año- para iniciar la campaña, de cara a las Elecciones Generales de 2011.

Esta situación, que evidencia una clara violación de la ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, se escapa de la fiscalización del TSE, debido al enorme caudal de mensajes polí­ticos que se emiten por diversos canales de comunicación y propaganda, para los que la entidad colegiada no tiene asignados recursos que le permitan realizar un eficaz monitoreo y fiscalización.

La Hora intentó conocer cuál es la estrategia del Tribunal para fiscalizar el uso de redes sociales y sitios web como Facebook y YouTube, pancartas y vallas publicitarias desplegadas en todo el paí­s, así­ como las actividades comunitarias y visitas de campo que realizan activistas polí­ticos con tinte electoral -incluidas las entregas de láminas, fertilizantes y transferencias monetarias-, pero no se obtuvo una respuesta a esa consulta. Todo apunta a que es imposible para el TSE supervisar y sancionar las campañas anticipadas, a veces encubiertas por «visitas oficiales» en el caso del partido de gobierno o jornadas de fiscalización, que efectúa la oposición.

AUDITORíA A MEDIAS

Una de las ví­as posibles para cumplir con una eficaz fiscalización podrí­a desarrollarse por medio de la auditoria financiera de los partidos polí­ticos, no obstante estos informes no siempre reflejan la realidad económica de las organizaciones mencionadas.

El TSE únicamente informó que el departamento de Auditorí­a Electoral practica anualmente auditorí­as financieras a todos los partidos polí­ticos: «Durante estos trabajos se incluye la revisión de financiamiento público y privado que aparece registrado en la contabilidad de cada organización». «Si el financiamiento ilí­cito no se registra en la contabilidad de los partidos polí­ticos, la Auditorí­a Electoral no la puede detectar».

Al respecto, Jorge Mario Garcí­a Laguardia, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, refiere que la relación perversa entre el dinero y la polí­tica es el gran problema de la democracia moderna. Esto, en referencia a la adelantada campaña polí­tica y la pobre fiscalización de los recursos de los partidos polí­ticos, que han desplegado varias campañas para posicionar a potenciales candidatos y convencer a los electores.

«Creo que la democracia la hemos perdido los ciudadanos porque los gobiernos son representantes, no del pueblo, sino de sus financistas», enfatiza. Todo está debilitado y se debe precisamente a esa clase de financiamiento de partidos, las instituciones representan a los inversionistas polí­ticos y no a los ciudadanos, entonces todo el Gobierno y la sociedad está en manos de los dueños del dinero que manipulan absolutamente todo, dice Garcí­a.

Ese fenómeno tiene que ver con la fortaleza institucional para fiscalizar a los polí­ticos, pero Garcí­a percibe que en Guatemala el TSE, la Corte Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia son órganos de Gobierno débiles, que no pueden confrontar el poder que tiene el sistema de partidos polí­ticos, que en ocasiones es utilizado en actividades y propuestas al margen de la legalidad.

Para evitar ese mal hay muchas cosas que hacer, entre ellas, controlar los apoyos económicos hacia los partidos polí­ticos y priorizar el financiamiento público de las instituciones polí­ticas grandes y las pequeñas, refiere el experto.

El dinero no tiene ideologí­a, está en manos de empresarios «honorables» que andan buscando otorgamiento de beneficios del Gobierno y, además, en manos de los delincuentes, del narcotráfico y una serie de mafias organizadas que están tomando en sus manos los gobiernos de todas partes del mundo, puntualizó Garcí­a.

PROSELITISMO Y CAMPAí‘A

Javier Brol, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, -ASIES-, recuerda que actualmente para los partidos polí­ticos no está claro legalmente qué es «proselitismo» y qué es «campaña».

«Los partidos polí­ticos tienen la necesidad de llevar a cabo reuniones para la formación polí­tica, hacer propuestas y llevar otros temas de interés, y para eso deberí­a servir el proselitismo, pero no está claro si debieran o no mostrar logotipos o colores de sus respectivas agrupaciones».

Por tanto, dice «estar o no en campaña», no lo pueden diferenciar los partidos, ante todo porque están en la necesidad de «practicar su rol activo todo el tiempo y no hacer campaña ni presentar candidatos.

Mario Fuentes Destarac, abogado, dice que el TSE sí­ realiza una fiscalización, aunque no tiene las herramientas legales suficientes para castigar a quien infringe la ley. «De hecho sí­ lo hace, pero lo que sucede es que la sanción es muy benigna, las multas son muy pequeñas y la infracción no es castigada como debe ser». «Un castigo de US $100 no es un disuasivo, entonces lo que hay que hacer es que la sanción debe ser más drástica, incluso podrí­a ser castigada hasta con pena de prisión».

El proselitismo y la campaña con medios alternativos, «debiera ser parte del financiamiento, y también controlar al oficialismo sobre cómo se utilizan los fondos públicos, ahí­ el que tiene que intervenir no solo es el Tribunal Supremo Electoral y la Contralorí­a General de Cuentas», señaló el jurista

«Hay algunos que no están de acuerdo en que deba existir una limitación que pueda hacerse en cualquier momento la campaña publicitaria y otros que nada más después de la convocatoria a elecciones», explica Fuentes Destarac y da su punto de vista: «debiera haber un perí­odo que es partir de la convocatoria de elecciones».

Tanto para el uso de medios tradicionales como alternativos en la campaña, dinerario y no dinerario, todo forma parte del financiamiento. «Para sus gastos de campaña y ahí­ debe existir una fiscalización porque así­ lo establece la ley electoral».

REFORMAS

Mariano Rayo, diputado Unionista, ve remedios contra ese financiamiento oscuro. Una serí­a la solvencia ética y moral de las propias instituciones polí­ticas y los candidatos, para depurar y prevenir quiénes les financia la campaña polí­tica, «esa serí­a la primera vacuna y la principal», resalta.

La segunda gran «dosis» tendrí­a que ser el cumplimiento irrestricto de la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, porque es necesario tomar en cuenta que para evitar males se hizo una reforma previendo muchos de esos males, recuerda Rayo.

«La ley la modificamos en el año 2004, precisamente ya en la dirección de ser cautelosos y prudentes de quiénes aportan a las campañas polí­ticas. Si hoy hay mejoras que hacer pues que se hagan», dice el diputado.

La diputada Rosa Marí­a de Frade, de la comisión legislativa de Transparencia, antepone la utilización de la ley de Libre Acceso a la Información para fiscalizar a los partidos polí­ticos, «no hay que olvidar que ahí­ hay financiamiento público, dinero del Estado que ingresa -como la deuda electoral.

Aparte de ello, son instituciones de derecho público que participan para cargos de elección popular y que pretenden o llegan a las instituciones públicas, «entonces es una información a la que debe tener acceso cualquier ciudadano», insiste De Frade.

De acuerdo con el TSE, ya se planteó ante el Congreso de la República las reformas que estima pertinentes para mejorar su capacidad de fiscalización y el régimen de sanciones. «También se promueve la suscripción de Convenios de Cooperación con la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Administración Tributaria, para tener acceso a los registros contables y cuentas bancarias de esas organizaciones».

Es necesario que entren en agenda las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos para establecer mecanismos de control y fiscalización más fuertes hacia los partidos polí­ticos, a través, no solamente del tribunal Supremo Electoral sino de la Contralorí­a General de Cuentas y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), subraya la parlamentaria.

Es importante no sólo saber la cantidad del financiamiento sino su origen y si superan los gastos que reportan en sus cuentas los partidos polí­ticos, ya que pudieran ser que utilizan otros mecanismos fuera de esas cuentas oficiales para financiar gastos, pero que están directamente vinculados con la campaña.

Hay que incluir las propuestas que fueron presentadas por el TSE porque eso los faculta a ellos para llevar procesos de auditorí­a más amplios, pero también con medidas coercitivas para los partidos polí­ticos que violen la ley, dice De Frade.