Una insólita campaña electoral desde la cárcel cumple en Argentina el ex subcomisario Luis Patti, acusado de torturas y crímenes en la dictadura (1976/83), como candidato a diputado para los comicios legislativos del 28 de junio.
«Hola soy Patti, quiero pedirle su voto», se presenta ante la gente que atiende el teléfono, antes de escuchar un mensaje grabado que alerta, por si acaso, que la llamada se está realizando desde el Servicio Penitenciario.
Patti, de 56 años, fue dos veces alcalde en democracia y electo diputado en 2005, pero luego quedó encausado y preso por crímenes, pese a lo cual vuelve a buscar un escaño en el Congreso.
El candidato por la provincia de Buenos Aires (centro-este) está alojado en la cárcel de Marcos Paz (40 km al noroeste), junto a decenas de condenados y encausados por graves violaciones a los derechos humanos.
«La impunidad, producto de las leyes de amnistía (de los años ochenta y ahora derogadas) fueron la causa de que Patti pueda presentarse a elecciones para obtener fueros y eludir la acción de la Justicia», dijo el diputado Remo Carlotto, hijo de la presidenta de la humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.
En tal sentido, organismos de derechos humanos y legisladores oficialistas han impugnado la candidatura ante la Justicia.
Mientras tanto, Patti organiza desde la prisión a sus seguidores y usa un teléfono público, mientras se queja de que no lo autorizan a utilizar un teléfono celular.
«El Pacto de San José de Costa Rica establece que sólo puede impedirse la candidatura de quien está procesado y tiene sentencia firme, pero en este caso se ponen en juego otros tratados», cuestionó el constitucionalista Daniel Sabsay.
En Argentina, los procesados o presos pueden ser candidatos mientras no hayan sido condenados, pero Sabsay dijo que con Patti «están en juego tratados referidos a delitos de lesa humanidad, como el Tratado contra la Tortura y la Desaparición Forzada de Personas. La alta presunción de que los haya cometido, ha llevado a los jueces a ponerlo preso».
Patti fue dos veces electo alcalde del partido bonaerense de Escobar (50 km al norte) en los años noventa.
Con un discurso de «mano dura» para combatir la inseguridad, una de las mayores preocupaciones de los argentinos, Patti capta simpatías entre las clases más adineradas y también entre las más pobres de la periferia.
Candidato ahora por un frente provincial de peronistas de derecha, había sido electo en 2005, pero nunca pudo asumir.
La Cámara de Diputados impidió su asunción al acusarlo de «falta de idoneidad moral», en momentos en que se reabrían causas por delitos de lesa humanidad.
Patti está imputado por privaciones ilegales de libertad agravadas e imposición de tormentos contra siete personas desaparecidas o asesinadas entre 1976 y 1977, cuando era oficial de la Policía.
Además, está acusado de participar en 1983, sobre el final de la dictadura, del asesinato de dos ex dirigentes de la disuelta organización armada Montoneros (peronistas de izquierda).
En medio del debate sobre la candidatura, la Cámara de Diputados aprobó esta semana un proyecto para impedir que personas encausadas por crímenes de lesa humanidad puedan ser candidatos o asumir cargos públicos.
El proyecto, que aún debe ser tratado en el Senado, había sido presentado por la diputada Victoria Donda (peronista de izquierda), quien recuperó su identidad en 2004, tras haber sido robada al nacer en un campo de exterminio durante el cautiverio de su madre, que sigue desaparecida.
Unas 30.000 personas desaparecieron y unos 500 bebés fueron robados y apropiados por militares o sus cómplices en la dictadura, según organismos humanitarios.