Durante los últimos años se ha señalado la ineficiencia del Ministerio Público como uno de los factores esenciales para la impunidad por los bajísimos índices de persecución penal en toda clase de delitos, pero especialmente en los delitos contra la vida y la seguridad de las personas, en los delitos de corrupción y cuando se trata de estafadores de cuello blanco como los que se robaron el dinero del pueblo al apropiarse de los depósitos en los bancos.
Por ello sorprende que editorialmente algunos medios estén preocupados por los cambios en el Ministerio Público puesto que hay que entender que de nada sirve cambiar al Fiscal General si no se realizan cambios en la estructura orgánica de la entidad, ya que el licenciado Juan Luis Florido no era quien personalmente frenaba la eficiencia de la institución, sino un jefe que no quiso remover a fiscales que evidentemente no cumplían con su deber.
Por supuesto que si queremos mejorar la labor de Fiscalía en el país tiene que haber cambios y muy profundos en la institución porque de lo contrario, si el nuevo Fiscal General sigue con la misma gente, el resultado tendrá por fuerza que ser el mismo ya que el peso del trabajo y de seguir las líneas de investigación es competencia de cada uno de los fiscales. Y una evaluación somera de la forma en que han actuado en los distintos casos asignados a sus respectivas fiscalías, permitirá sin mayor complicación ver la raíz del problema.
Los fiscales que no han cumplido con su deber y que han sido responsables de mantener la impunidad en el país, tienen que buscar apoyos y nada mejor que decir que el Ejecutivo está interfiriendo para nombramientos políticos y que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala está presionando para impulsar los cambios, extremos que en todo caso serían contradictorios, pero que fueron recogidos fielmente por un editorialista para defender lo indefendible, es decir, la inamovilidad de quienes durante años de estar en la planilla del Ministerio Público no han podido avanzar para que se supere ese magro porcentaje de casos resueltos que apenas llega a un dígito. Quien piense que esa tendencia cambiará simplemente nombrando un nuevo Fiscal General para que trabaje con el mismo equipo tiene que ser o demasiado ingenuo o estar demasiado comprometido con los poderes ocultos como para defender lo indefendible.
El Estado en general requiere una amplia renovación para fortalecer sus instituciones, pero en el caso del Ministerio Público la urgencia es evidente a la luz de los resultados y por mucho que se quiera atacar la figura de Florido, la verdad es que su mayor responsabilidad estuvo en no realizar a tiempo los cambios que eran indispensables para mejorar el rendimiento.