Desde que el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi) pasó a ser administrado por la Secretarí­a de Bienestar Social (SBS), en enero de este año, se ha visto debilitado institucionalmente, luego que se redujera su personal y por ende la cobertura de los servicios.

El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (Propevi), estuvo adscrito legalmente a la Secretarí­a de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), hasta abril de 2007, sin embargo, por medio del Acuerdo gubernativo 129-2007, pasó a ser administrado por la SBS, lo cual, en su momento fue cuestionado por organizaciones sociales que trabajan en contra de la violencia por considerarlo negativo para el cumplimiento del mandato del programa.

REESTRUCTURACIí“N

Gilda Morales, representante de la Red de la No Violencia en contra de la Mujer, e integrante de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (Conaprevi), reconoció que aquello que el Gobierno llamó una «reorganización», se convirtió en una reducción total de personal y una cobertura mí­nima del mismo.

De acuerdo con Lemus, desde la Conaprevi se pidió una audiencia para conocer en detalle tales cambios, sin embargo, se les informó únicamente de la reorganización, sin mayores detalles.

Amanda Hernández, directora del Programa, aduce que actualmente se cuenta con 16 personas que integran el equipo, y que trabajan eficientemente en las unidades de psicologí­a, orientación familiar (atención en la lí­nea 1515), pedagogí­a, trabajo social y área legal.

Además, aduce que existe una mesa de coordinación interinstitucional, que funciona cuando una institución no tiene las capacidades de atender a la población. «Por el momento se ha dado respuesta a toda persona que nos ha pedido apoyo, no por falta de personal o de recursos se han quedado esperando el apoyo», afirmó.

«Tengo la impresión de que no es así­. Según me han informado, únicamente tiene cinco personas. Antes tení­a representación en cada departamento y en la capital tení­an un programa muy fortalecido», aseguró Morales.

Con la reducción de personal -antes con más de 50 trabajadores-, la reestructuración significó el cierre de las sedes departamentales y el traslado de albergue que se ubicaba en la zona 1 hacia la zona 11, lo cual, a criterio de Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes y Gilda Morales, representó complicaciones para las usuarias.

De acuerdo con Cruz, Propevi y Fundación Sobrevivientes, antes del cambio de administración del Programa, se tení­an acciones en coordinación. Actualmente, según Cruz, desconocen si el mismo está funcionando.

«Habí­a niveles excelentes de coordinación entre los albergues, pero desde que se da el traslado, ese nivel de colaboración se terminó. Desconozco dónde están, si tienen o no tienen albergues», apuntó Cruz.

DEBILIDAD

Según el acuerdo gubernativo que ordena el traslado del programa, la SOSEP desarrolla programas dirigidos a la familia, «entre ellos, el Propevi», sin embargo, por su propia naturaleza, fines y objetivos es necesario adscribir a la SBS.

Los objetivos del Propevi se enmarcan dentro de la promoción de polí­ticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar (VI) y desarrollar campañas nacionales de sensibilización, concienciación y capacitación contra ella.

Asimismo, debe brindar asistencia psico-biosocial y legal a ví­ctimas, capacitando a empleados públicos, maestros, integrantes del sector salud, padres de familia, lí­deres comunitarios, y otros en temas relacionados con la prevención, sanción y erradicación de la VI.

No obstante, a criterio de las entrevistadas, la reorganización que se generó con el cambio de administración debilitó la institucionalidad del mismo.

«Afirmo que es muy débil y tiene que fortalecerse para lograr prestar todos los servicios que ofrecí­a con anterioridad», dijo Morales.

ATENCIí“N

Según la directora del programa, quien comenzó su trabajo hace ocho meses, el 8 de marzo de este año se reinició con la atención que Propevi ofrecí­a a través de la lí­nea 1515, de ayuda a ví­ctimas de violencia.

Desde ese dí­a, se han atendido 66 mil 500 llamadas, no obstante, sólo 834 casos han sido efectivos, es decir en esa cantidad de denuncias se ha identificado información concreta que permite accionar a las autoridades.

Hernández resalta que con el cambio de administración, las personas que ahora atienden la lí­nea telefónica, son profesionales capacitadas especí­ficamente para ello, ya que antes, eran dos agentes de la Policí­a Nacional Civil quienes atendí­an las llamadas.

De los 834 casos, la mayorí­a requiere asistencia legal, entre medidas de seguridad, trámites de pensión alimenticia, reconocimiento de hijos, prueba de paternidad, divorcios y separaciones.

Hernández, comentó que la mayorí­a de usuarios del servicio son mujeres de entre 25 y 35 años y tan sólo se han reportado alrededor de 25 casos de maltrato infantil.

En el área legal sólo se cuenta con una profesional, sin embargo, la funcionaria advierte que se tiene coordinación con el Instituto de la Defensa Pública Penal donde actualmente hay un 45% de los expedientes abiertos.

«Son muchí­simos casos para estar en manos de tan pocas personas. Hay mucha debilidad y requiere dársele la importancia que tiene una institución de esta naturaleza», concluyó Morales.