Abrirles las puertas de la política a las mujeres es una forma de equilibrar las oportunidades.
Suele verse el principio de cada siglo como un tiempo de promesas. La primera década del siglo XXI ha sido el periodo en el que ciertas deudas y ciertos agravios en contra de las mujeres han empezado a corregirse. A mediados de los años noventa, la política, en el mundo en general y por ende en América Latina, era casi una actividad vedada para las mujeres. De cada diez diputados nueve eran hombres. De cada cien ministros, 91.
Desde entonces han tenido lugar cambios que debemos convertir en una tendencia para los próximos años. Se resumen en una idea: cada día hombres y mujeres conviven en la política de una forma más igualitaria. Las mujeres han empezado a ocupar cargos hasta ahora reservados por tradición a los hombres, como ministras de economía, del interior o de la defensa; el promedio de ministerios a cargo de mujeres ha crecido hasta un 25 por ciento, el de diputadas roza el 20% y tres presidentas, casi de manera simultánea, han gobernado a sus naciones: Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica.
Llegar hasta este punto, aún insuficiente, y superarlo para alcanzar las cifras de representatividad de las que las mujeres deberían gozar, tendría que haber sido un proceso natural. Si constituyen la mitad de la sociedad, deberían disponer de una proporción similar en los puestos de representación política.
Sin embargo, los logros alcanzados durante la presente década han sido producto más de su propio activismo que de una apertura espontánea de los partidos políticos. Durante los años noventa, once países de América Latina introdujeron la obligación de incluir en las listas electorales un porcentaje de mujeres – que oscila entre el 20 y el 50, según el país -. En Argentina, por ejemplo, hay ahora casi tantas diputadas como diputados. Antes de la ley, cada legisladora estaba rodeada de 20 congresistas. En Honduras y Costa Rica la adopción de estas leyes también se ha traducido en un aumento significativo en el número de diputadas. Es decir, han funcionado.
Por el contrario, en los países en los que todavía no se han aprobado estas medidas, la presencia de representantes femeninas en sus Congresos es mucho más baja. Ese es el caso de Guatemala.
Subvertir esta situación no es sólo una cuestión de justicia, sino un asunto práctico: abrirles las puertas de la política a las mujeres es una forma de equilibrar las oportunidades, de perfeccionar la democracia, de hacerla más incluyente.
Facilitar una mayor participación política de las mujeres depende de los hombres -ya que ellos son mayoría en el Congreso y en los partidos políticos- y de su disposición a compartir estos espacios que, hasta ahora, eran casi exclusivamente suyos. Para ello deben comprender que no se trata de una concesión, sino de permitir el ejercicio de un derecho. Explorar nuevas vías que equilibren las relaciones de poder entre hombres y mujeres es una premisa para poder construir sociedades más justas y equitativas. La voluntad de cambio se demuestra cambiando. masmujeresmejorpolitica@gmail.com
*Embajadora de España