Cámaras empresariales estudian acciones legales contra reforma tributaria. Aunque no se especifican los artículos que podrían cuestionarse, podría ser la semana próxima cuando se materialicen las inconformidades. Estas acciones se sumarían a las de la oposición.

Desde el primer día de este año, rige la nueva ley tributaria aprobada en febrero de 2012, establecida en el decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, que reformó varias normativas que regulan tasas y formas de pago de impuestos.

Diferentes cámaras empresariales, desde el inicio de las intenciones del gobierno por aprobar esa reforma, se opusieron reiteradamente, considerando que sus opiniones no habrían sido escuchadas o que previo a modificar las leyes impositivas se regulara la forma en que se gastan los recursos públicos.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, confirmó que “la Cámara de Comercio está analizando interponer, la próxima semana, uno o varios recursos de inconstitucionalidad contra la Actualización Tributaria”. Serían varios los artículos a impugnar y se esperaría consensuar con otros sectores empresariales las medidas a tomar.

Briz sostiene que la reforma tributaria actual es “totalmente improcedente” y generaría “graves daños a la economía nacional”, desmotivando la inversión y la actividad empresarial formal.

El empresario estima que “son leyes muy complicadas que tienen que ser reformadas”. La aprobación de ese decreto, de parte del Congreso de la República se hizo de forma “atropellada”, sin análisis, y por ello no respondería a la realidad económica y social del país, indicó.

“Es muy difícil poder reparar o arreglar todos los inconvenientes que representa esta reforma fiscal y lo único que cabe es nuevamente reformar y hacer una nueva legislación que efectivamente esté acorde a la realidad nacional”.

SOLO PALIATIVOS
Aunque el Gobierno de la República, reiteradamente ha publicado acuerdos en los que exonera de multas por infracciones en aduanas a quienes las hayan cometido según el decreto 10-2012, esto “no es más que paliativos a un problema muy grave que no se ha enfrentado”, que sería derogar estar leyes, dijo Briz.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también estaría analizando la situación. Según Andrés Castillo, presidente de la entidad privada, algunas gremiales de las cámaras que la integran, estarían inconformes con la Actualización. Sin embargo, según el presidente de los empresarios organizados, esperan consenso al seno de la entidad o se dejaría libertad de acción para las gremiales.

NO HABRÍA INCONSTITUCIONALIDAD
Pavel Centeno, ministro de Finanzas Públicas, afirmó que “nosotros estamos clarísimos en que no hemos presentado ninguna propuesta impositiva que tenga inconstitucionalidades. Las hemos estudiado durante muchos años, no solo nosotros. Es un trabajo técnico de una comisión donde estaban todos los sectores de la sociedad guatemalteca involucrados, que acordaron plantear este tipo de cosas en una reforma fiscal”.

NO ES LA PRIMERA VEZ
Desde 1985, en todas las reformas tributarias que se han realizado, hubo sectores que se han opuesto a la implementación de las modificaciones, especialmente las cámaras empresariales, mediante recursos en la Corte de Constitucionalidad, según Carlos Martínez, economista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Sin embargo, también han sido constantes las deficiencias y vacíos técnicos de las reformas, agregó el experto, y es donde se encuentran espacios para declararlas inconstitucionales. Las cámaras podrían impugnar varios artículos, pero es seguro que no lo harían sobre aquel que les disminuye el Impuesto Sobre la Renta de manera gradual desde 31 a 25 por ciento, comentó Martínez.