La Cámara de Amparos y Antejuicios realizó una evaluación en algunos juzgados laborales del interior, en los que encontró falencias relacionadas con la seguridad de los juzgadores.

El recién pasado fin de semana, los integrantes de esa Cámara inspeccionaron las instancias laborales de Chiquimula y Zacapa, entre otros departamentos, y continuarán evaluando las condiciones en las que opera la justicia en el interior del paí­s.

José Arturo Sierra, presidente de la Cámara Penal, explicó que los acercamientos consisten en evaluar las condiciones fí­sicas de los edificios en los que están jueces y magistrados y la tramitación de los procesos de tipo laboral; entre otros.

«Hemos encontrado algunas carencias en unos lugares más que en otros, y aunque pequeñas hay que irlas corrigiendo para evitar que se transformen en errores mas grandes», declaró el magistrado Sierra.

El magistrado enfatizó que una de las debilidades más evidentes de las instancias judiciales en los departamentos es la seguridad para jueces y magistrados: «hay procesos de cierta seriedad donde ha incursionado la delincuencia organizada y la seguridad y las condiciones materiales en las que están los jueces tienen muchas fallas», expresó el presidente de la Cámara Penal.

Los magistrados encontraron también flaquezas en materia de los trámites, pues los procesos aún son muy lentos en cuanto a las no tipificaciones; además hay falta de personal en algunas instancias, indicó Sierra.

COORDINACIí“N

Debido a que la seguridad parece ser un problema recurrente en la administración de Justicia, Mario Polanco, analista en temas de seguridad del Grupo de Apoyo Mutuo opinó que hace falta mayor coordinación del Organismo Judicial con otras instancias relacionadas a ese tema.

«Hay falta de coordinación entre las instituciones cuando tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, en la Policí­a Nacional Civil hay agentes que andan notificando o prestando seguridad a funcionarios que no corren ningún peligro», indicó.

Para Polanco, la prioridad en materia de justicia deberí­a ser la de los jueces y magistrados, pues son los que constantemente están en peligro y en extrema vulnerabilidad.

«Hay que ver como esa fuerza se puede trasladar a la seguridad de jueces y en particular para los que conocen casos de alto impacto u operan en regiones de alto riesgo; la CSJ debe coordinar con el Ministerio de Gobernación ese tema», indicó.