En seguimiento al tema que abordé la semana pasada, en reacción a la postura del sector privado, representado en CACIF y Cámara del Agro, de rechazo a la Ley de Desarrollo Rural Integral (DRI) que se discute en el Congreso, quisiera ahondar en sus planteamientos sobre la situación del campo y las propuestas para su desarrollo.
Desde su análisis, el problema de la pobreza en el campo es la baja productividad de la agricultura, que se refleja en que el 13% del Producto Interno Bruto -PIB- corresponde a la agricultura, mientras concentra un 42% de la Población Económicamente Activa -PEA. En tanto, sectores como el de servicios aportan más al PIB, y ocupan un menor porcentaje de la PEA.
Al parecer, su visión es que la PEA debería estar ocupada en otras ramas que generan más riqueza, como la de servicios, y no en la agricultura. Sin embargo, al considerar que el PIB se mide en valor monetario, se puede relativizar que el campo es poco productivo, pues si tuviera una mejor rentabilidad generaría mucho más.
Una agricultura campesina con niveles de rentabilidad adecuados, puede generar una riqueza equiparable a la del sector servicios, y mejor distribuida.
Precisamente, para alcanzar la rentabilidad de la producción campesina, se promueve en la Ley DRI la creación de un Instituto Nacional de Abastecimiento Alimentario, en que el Estado participe en la comercialización de la producción campesina de granos básicos, con precios de garantía al productor, que además de estabilizar el precio del maíz y frijol ante las especulaciones, puede satisfacer la demanda de alimentos del Estado, a más bajo costo, para diversas dependencias que lo requieren, y ante situaciones de calamidad pública.
Asimismo, elevar la producción de maíz, y volver a ser autosuficientes en la producción de maíz, puede abaratar los costos de insumos del sector avícola, porcino y camaronero, al alejarlo de las especulaciones de la bolsa de valores de Chicago, de donde importan el maíz para la producción animal. Eso implicaría mejores precios de los alimentos al productor (toda vez se eliminen las prácticas anticompetitivas de los grupos de capital).
No obstante, deben mencionarse otros aspectos que inciden en que el campesino no tenga rentabilidad en su producción. íreas del país como el valle del Polochic, Franja Transversal del Norte y la Costa Sur, donde se está expandiendo la producción de Palma Africana y Caña de Azúcar, han encarecido el costo de arrendamiento de la tierra, y se vuelve accesible sólo para empresarios que promueven estos monocultivos.
El campesino entonces adquiere tierra en peores condiciones y con muy altos costos. De ahí que nuevamente debe insistirse: la propuesta de Ley DRI propugna por un sistema de democratización de la tenencia de la tierra.
En tanto, la posición de la CamAgro es: «Desarrollo Rural NO es regalar, ni expropiar tierra». Y la propuesta de Ley, no es eso lo que plantea. Del total de las tierras aptas para la producción de maíz se encuentran subutilizadas (7,235.8 km2). De éstas, las categorías de «arbustos-matorrales» y «pastos naturales» son las dos que se pueden considerar están actualmente sin uso productivo (datos del Sistema Geográfico Nacional). Con esta tierra se pueden producir unos 19.2 millones de quintales de maíz y satisfacer toda la demanda para el consumo nacional y para la industria.
Lo que se propone son mecanismos justos para que esta tierra pueda ser producida por el campesinado, sin que se le regale nada, y sin que se implementen medidas que violen la constitución. Esperando haber llegado a quienes desean bloquear esta propuesta de Ley, continuaré en el debate la semana próxima.