No cabe ninguna duda que los acontecimientos de Totonicapán evidencian la ausencia de un sistema nacional de diálogo para la solución de conflictos en el que los distintos sectores puedan hacer sus planteamientos con la razonable expectativa de que serán, al menos, tomados en consideración por las autoridades.

En estos momentos críticos que vive la sociedad guatemalteca es imperativo que prevalezca la calma para que se pueda investigar de manera objetiva lo ocurrido el pasado jueves y se establezcan las responsabilidades correspondientes, además de que como sociedad asumamos nuestra obligación de presionar por la implementación de prácticas efectivas para atender la demanda social.

 Es fácil echar más leña al fuego y generar más animadversiones entre los sectores sociales, pero definitivamente ello nos pone en grave riesgo de que emprendamos nuevamente la ruta de la confrontación porque, hay que reconocerlo, muchas de las condiciones que provocaron nuestro anterior conflicto subsisten porque vivimos en un país en el que se invisibiliza a grandes sectores de la población y se gobierna pensando únicamente en quienes tienen los instrumentos de presión para asegurarse ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones.
 
 La responsabilidad que ahora tiene el Ministerio Público es posiblemente una de las de mayor peso histórico por las implicaciones y consecuencias que puede tener el hacer bien las cosas. En este momento es fundamental, para impedir la ingobernabilidad, que con credibilidad se ofrezca a la ciudadanía una explicación sobre los sucesos de Totonicapán y que a partir de esa explicación se puedan adoptar medidas correctivas, no sólo en el orden penal sino especialmente en el orden político, para prevenir nuevos incidentes de esa naturaleza.
 
 La Hora insiste en que lo fundamental es privilegiar el diálogo porque nuestra gente reclama, al menos, el derecho a ser escuchados y atendidos, privilegio que existe para otros sectores pero que históricamente se ha negado a muchos guatemaltecos por su condición social y por su origen étnico. Negar esa realidad es negar la raíz de nuestras deficiencias sociales y ocultar hechos evidentes que son fuente de frustración.
 
 El gobierno atendió el pasado jueves a la delegación de los Cantones de Totonicapán que vino a la capital para plantear sus reclamos y esa misma actitud tiene que asumir cuando no hay bloqueos de carretera para forzar a ser escuchados. En la medida en que la gente sea escuchada y sus reclamos atendidos como se atienden los de quienes exigen la garantía de libre locomoción en carreteras (derecho que no existe en calles y avenidas tapadas con talanqueras), podremos evitar un nuevo y acaso más grave conflicto entre los guatemaltecos.
 

Minutero
Es hora de dialogar
y no de exacerbar;
revisemos bien los hechos
para asegurar los derechos