California decide sobre la marihuana


Una incineración de droga en Tijuana, frontera con California. Si se legaliza la marihuana, el tráfico podrí­a recrudecer en esa ciudad. FOTO LA HORA: AFP FRANCISCO VEGA

La eventual legalización de la marihuana en California hoy es una de las consultas populares que más expectativas despertó en Estados Unidos y en América Latina, donde presidentes de paí­ses productores temen el impacto de este voto para regularizar el cannabis.


De ser aprobada la llamada Propuesta 19, la marihuana en California gozarí­a de una regularización que la equiparí­a al tabaco y al alcohol en un Estado donde el cultivo y la venta del cannabis con fines medicinales es legal desde 1996.

Sin embargo los sondeos dan pocas esperanzas a quienes se inclinan por la legalización global del cultivo, el comercio y el consumo de marihuana.

La última encuesta realizada por el diario Los Angeles Times y la Universidad del Sur de California (USC) indicó que 51% de los votantes estarí­a en contra de la legalización y 39% a favor de la medida.

No obstante la polémica está servida y la iniciativa levantó inquietudes entre los presidentes de México, Colombia y América Central que han venido advirtiendo sobre la falta de «coherencia» que podrí­a suponer para Estados Unidos la legalización de la marihuana en su polí­tica antidroga en la región.

«Nadie entiende que un paí­s pueda legalizar internamente la producción, el tráfico y el consumo, y al mismo tiempo criminalizar» las drogas, dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos en acto el sábado tras enfatizar que un eventual triunfo del «sí­» señalarí­a la «incoherencia» de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas, que libran una batalla sangrienta contra los cárteles de la droga, se han expresado en el mismo sentido sobre el referéndum californiano y han argumentado que los cárteles no sólo se dedican al tráfico de la marihuana, sino también de cocaí­na y metanfetaminas, además de incurrir en otros graves delitos como el secuestro, extorsión y homicidio.

«No se puede criminalizar y legalizar al mismo tiempo», advirtió la semana pasada el presidente mexicano, Felipe Calderón, en referencia a las campañas antidroga que Estados Unidos fomenta en paí­ses de la región.

Los cárteles mexicanos luchan por controlar las zonas de producción así­ como las rutas hacia Estados Unidos, con un saldo de más de 28.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el poder y mandó a unos 50.000 militares a enfrentarlas.

Estas inquietudes llevaron al subsecretario de Defensa estadounidense para América Latina, Frank Mora, a afirmar el lunes que independientemente del resultado electoral en California, Washington no cambiará su polí­tica antidrogas.

Washington reconoce la «corresponsabilidad» y la «deuda» con los paí­ses latinoamericanos en la lucha contra las drogas, dijo.

Al margen de las aprensiones en el extranjero, en California la campaña a favor de la legalización del cannabis recaudó más de 4,2 millones de dólares de donantes tan prominentes como el millonario estadounidense de origen húngaro George Soros y los cofundadores de la red social Facebook, Dustin Moskovitz y Sean Parker.

«Regular y gravar la marihuana podrí­a simultáneamente ahorrarle a quienes pagan impuestos miles de millones de dólares en fuerzas de seguridad y encarcelaciones costosas (…)», sostuvo Soros la semana pasada.

Para Soros un impuesto al consumo del cannabis «reducirí­a la delincuencia, la violencia y la corrupción asociadas a los mercados de las drogas, así­ como las violaciones de las libertades civiles y de los derechos humanos que se producen cuando un gran número de llamados ciudadanos respetuosos de la ley están sujetos a arresto. A cambio, la policí­a podrí­a centrarse en los delitos graves».

La Proposición 19 permitirá a los californianos mayores de 21 años poseer hasta una onza (28,35 gramos) de marihuana y cultivar una superficie máxima de 2,34 metros cuadrados.

El cultivo a gran escala y su comercialización -así­ como su carga tributaria- también serí­an aprobadas, pero su puesta en práctica quedarí­a a discreción de las ciudades y los condados.