El Consejo de Miembros Mayas de Occidente, mediante un comunicado, calificó las políticas de seguridad implementadas en Santa Cruz Barillas de parte del gobierno como “contrainsurgentes”, donde también señalaron que se criminalizan las luchas sociales que se oponen a la instalación de empresas hidroeléctricas en la región.

Adicional a esto, el Consejo señaló que el Estado se maneja mediante un modelo “donde las empresas se convierten en los dueños del destino de nuestro país y sus bienes naturales”.

Según el comunicado, se irrespetan al menos 62 consultas comunitarias y afirma que “Barillas se ha convertido en un escenario experimental para la implementación de la política de corte contrainsurgente del gobierno”.

Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), lamentó que mientras dialogan con el gobierno para plantearle más de 60 puntos pendientes de los 68 propuestos luego de una marcha campesina en marzo, se hayan tomado medidas  como el estado de Sitio en ese lugar en Santa Cruz Barillas, además de atentados en San José de Golfo contra una de sus activistas, que relacionan con sus actividades.