Según estudios de Transparency International, Guatemala es el tercer paí­s de Centroamérica con mayor í­ndice de corrupción.

Alejandro Urí­zar, de Acción Ciudadana, explica que la calificación del paí­s presentó una leve mejora al comparar la puntuación que se asignó el año anterior, cuando se adjudicó 2,6, con el presente año con 2,8 puntos.

El estudio recopila la información de diversas entidades en todo el mundo, que posteriormente es analizada por expertos en temas sociales, quienes analizan la situación general de los paí­ses objeto de estudio y los califican con puntuaciones en una escala de 0 a 10 puntos, en el entendido de que el 0 asigna a los paí­ses con mayor í­ndice de corrupción.

El estudio que refleja el índice de Percepción de Corrupción (IPC) de una nación se basa en la información proporcionada por diversas entidades mundiales y regionales, sin embargo no se toma en cuenta el número de casos y denuncias sobre corrupción.

A pesar de la leve mejora, los expertos consideran que Guatemala aún se encuentra mal calificado con una puntuación menor de 3,3, mientras Costa Rica sobresale con 5 puntos, liderando la región centroamericana.

Según Urí­zar, el próximo gobierno se enfrentará con el reto de mejorar la percepción internacional en el tema de corrupción, tal y como lo ha hecho El Salvador en los últimos cuatro años, mostrando mejorí­as considerables en su calificación.

Dificultades administrativas

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asegura que la corrupción es un problema generalizado en América Latina, que obedece principalmente a la falta de valores éticos y morales en los funcionarios del sector privado y público.

Asimismo considera que los procedimientos administrativos que se deben realizar en las instituciones gubernamentales son sumamente difí­ciles de concretar, por lo que se prestan para que las personas caigan en actos de corrupción.

Finalmente Linares estima necesario que el paí­s mejore su puntuación en los próximos meses a través de sistemas de gestión en el Estado que obliguen a las entidades y funcionarios a actuar con transparencia.