Más de tres meses después del paso de la tormenta Agatha por Guatemala y a tan solo unas semanas de las lluvias que afectaron al paí­s, la labor de reconstrucción es una tarea pendiente de la que dependen millones de guatemaltecos y que a criterio de expertos, necesitará del compromiso de las autoridades para revitalizar al paí­s con calidad y transparencia.

Obreros y campesinos son los más afectados ante los daños causados por la pertinaz lluvia invernal sobre la infraestructura civil y vial, que también ha alcanzado a los sectores productivos. Unos se consideran damnificados por las dificultades que encuentran para transportar mercancí­as, mientras que otros porque no pueden movilizarse y algunos otros están perdiendo sus productos agrí­colas, pues no pueden llevarlos hasta los mercados, ante la falta de ví­as.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin), el total de daños y pérdidas en la red vial pública tras el paso de la etapa más intensa del invierno, y donde se incluye lo privado, está calculado en Q2 mil 624.78 millones, lo que representa el 5.3 por ciento del presupuesto del paí­s para todo un año.

En este contexto, expertos consideran que, a pesar de las adversidades climáticas, presupuestarias y polí­ticas, es posible reconstruir el paí­s, aunque para ello se requiere de una estricta vigilancia social, para que las obras públicas se edifiquen con calidad y transparencia.

Jorge Mario González, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, señala que el trabajo de reconstrucción que le espera al Gobierno debe ser preciso y de calidad, al punto que debe basarse en los estándares de calidad internacionales para que se garantice la durabilidad de las obras públicas.

González explica que en la nueva jornada de reconstrucción muy importante es considerar la implementación de «estructuras más resistentes» y «ejercer un estricto control en los pesos y dimensiones» de las carreteras, puentes y caminamientos.

Por ejemplo, dice el experto, muchos puentes y carreteras «se encuentran ya fallados, no únicamente por acciones de los rí­os sino porque todos fueron edificados hace muchos años y el tipo de diseño ya no se adapta a las condiciones actuales», de tal cuenta que se deben edificar obras que también puedan soportar y superar el impacto ambiental.

Pero para realizar obras de calidad, es necesario que los contratos con empresas privadas cuenten con la debida autorización.

OBRAS POLITIZADAS

Como ha sucedido desde tiempo atrás, la manipulación polí­tica de la reconstrucción es un problema que se encuentra a la orden del dí­a, que pone en riesgo el uso transparente de los recursos públicos en la construcción de obras, al tiempo que deja la ví­a libre para que la calidad del trabajo no sea la adecuada.

Manfredo Marroquí­n, de la organización pro-transparencia Acción Ciudadana (AC), analizó que esta vez, debido a las circunstancias especiales que se derivan de un año de campaña polí­tica anticipada, debe ser la Contralorí­a General de Cuentas (CGC) la entidad que debe velar por la ejecución de cada quetzal que se gaste en la reconstrucción.

El analista también sostiene el criterio de que los diputados deben jugar su rol a conciencia y poner la vista sobre la ejecución por medio de las comisiones legislativas de Transparencia, Probidad y Reconstrucción.

Esas salas de trabajo deberán exigir un detalle o informe circunstanciado, no solo del avance de la obra de reconstrucción, sino velar porque no se caiga en el cí­rculo vicioso de la mala calidad de construcción, insistió Marroquí­n.

El criterio con qué regularidad pueden exigir esos informes circunstanciados, solo es de los congresistas, pero cada tres meses serí­a un plazo razonable, considera el analista.

Porque los recursos son escasos para la reconstrucción de las ocho regiones del paí­s, será un tema difí­cil, dijo Manfredo Marroquí­n, pero argumentó que no hay razón para no exigirlo.

Y aunque llegara el momento y el Congreso de la República no hubiera electo un nuevo Contralor de Cuentas, «no habrí­a razón para que aquel que sea nombrado interino no saque la chamba», expresó el analista de Acción Ciudadana.

No obstante, sobre el Congreso también recaen dudas sobre el uso transparente de los recursos públicos, por lo que los mismos ciudadanos se deben convertir en supervisores de la calidad de las obras públicas.

Vitalino Similox, del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, señala que constantemente los cargos públicos se han utilizado para obtener riqueza. Las obras de infraestructura son para ese fin, pero la actitud mercantilista afecta a mucha gente y al Estado, señaló.

«Toda aquella mí­stica de ser funcionario público honrado no se ve por ningún lado. No son servidores públicos sino sienten ser superiores a la ley y a todos para trastocar la función pública», insistió.

El religioso reiteró que las iglesias evangélica, luterana y episcopal insisten que hay nombres y apellidos de empresas y de funcionarios involucrados en el negocio de la reconstrucción, que perciben millonarias ganancias con la sobrevaloración de obras y el mal manejo de fondos públicos.

«Desconsuela que el paí­s esté en riesgo, que la reconstrucción llegue otra vez solo a los centros históricos urbanos del paí­s, a maquillar lugares más visibles, las áreas turí­sticas o dedicación a dos o tres carreteras (…) Estoy casi seguro que la misma calidad de reconstrucción no se verá en la mayor parte de las aldeas o municipios, donde viven los ladinos o indí­genas pobres; los campesinos y marginados; pues hay dos Guatemalas», finalizó Similox.

A criterio de González, es fundamental que ante la falta de recursos públicos se utilicen bien los fondos estatales para la reconstrucción y se prioricen las obras más importantes, que a criterio del Colegio de Ingenieros, son las carreteras centroamericanas de las que depende el comercio regional.

«Para nadie es un secreto que algunas veces la decisión de dónde se deben construir las obras ya no es el técnico sino el polí­tico, muchos quieren quedar bien con «equis» o «ye» población y a veces los lugares no son los más recomendables para construir obra», dice el ingeniero. «Hacen lo que ellos quieren hacer y no lo que la parte técnica recomienda hacer».

Frente a esa realidad, la reconstrucción se convierte en una tarea de todos. Mientras que el Ejecutivo debe realizar las obras para reedificar el paí­s y el Congreso planificar la adquisición de fondos, los ciudadanos deben vigilar el uso adecuado de los recursos públicos.

«Me atrevo a decir que no solo vamos a tener que reconstruir lo que se cayó, sino comenzar a tener un programa de cambio de todos los puentes, una construcción a conciencia», concluye el entrevistado.

*Con información de Gabriel Herrera