El tema de la reforma constitucional, que forma parte ya de la agenda electoral, constituye una auténtica Caja de Pandora de la que nadie puede saber qué saldría, puesto que como bien dice el experto en derecho constitucional, doctor Jorge Mario García Laguardia en una entrevista publicada en este número, siempre hay una agenda encubierta que no se explicita. El caso ilustrativo por reciente y por sus efectos, puede estar en la reforma impulsada por Ramiro de León Carpio supuestamente para depurar al Congreso, misma que no sólo no depuró sino empeoró la calidad de ese Organismo, sino que permitió suprimir la capacidad de la banca central para hacer préstamos al Estado, obligando a éste a recurrir a la banca privada que desde entonces hace jugosos negocios en ese campo.
Muchos son los que tienen particulares intereses en este proceso de reforma electoral, pero nadie explicita cuáles son esos intereses ni, mucho menos, asume la responsabilidad. Se habla en términos generales de la necesidad de cambiar la Constitución que, según la propaganda, protege en demasía los intereses de los políticos, pero nadie dice que para elegir a una Constituyente tendríamos que recurrir cabalmente a los mismos políticos que son tan vilipendiados. Ni se dice, por supuesto, que aparte de los partidos solo el gran capital tiene influencia suficiente para conformar listados de candidatos utilizado a todos los partidos, como lo ha hecho en esta elección colocando a sus piezas en las candidaturas a la Vicepresidencia.
Que la Constitución tenga aspectos que vale la pena cambiar es algo que no se discute, pero lo que tendríamos que evaluar es qué cambios vendrían y quién los propondría. Por ejemplo en el grupo Pro Reforma, que dirige el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, se usa el gancho de la reducción del Congreso para reducir la influencia de la Universidad de San Carlos y quitarle presupuesto. Nada se dice de que las universidades privadas que son lucrativas paguen impuestos, tasas y contribuciones.
Y así podríamos seguir enumerando cómo los grupos de interés tratan de llevar agua a su molino cuando se habla de una reforma constitucional. Lamentablemente cada quien quiere la reforma a la medida no sólo de sus necesidades sino hasta de sus gustos. Pero debemos agregar que los guatemaltecos no estamos en problemas porque tengamos una mala Constitución Política, sino porque no cumplimos nuestras leyes, empezando por la Carta Magna.
Resulta una postura cínica afirmar que nuestros males son producto de una Constitución que hemos ignorado, cuando no violentado descaradamente. Lo que tendríamos que hacer, para empezar, es cumplir con nuestra Ley Fundamental y después de eso podríamos hablar de reformas de aquellos que, una vez cumplido, vemos que no funciona.