No es jactancioso de mi parte decir que durante años recientes he repetid, hasta la saciedad, la ominosa confabulación entre funcionarios de varios rangos del Ministerio de Comunicaciones, especialmente de Covial, con las empresas contratistas de obras públicas e incluso algunos ingenieros civiles para realizar negocios ilí­citos en su afán de enriquecerse a la sombra del Estado.

El año pasado –como el presente– editoriales de La Hora, de otros medios y columnistas criticamos a funcionarios de esa cartera ministerial y a los ejecutores de los proyectos, por la pésima calidad en la red vial. Los aludidos no se dieron por enterados de los inmorales convenios que determinaron, entre otros efectos perniciosos, el deterioro de carreteras y puentes con las primeras lluvias de la temporada. Las autoridades y las empresas contratistas se limitaron a endosar a la naturaleza la causa de los desastres.

   La corrupción imperante, empero, no es una lacra exclusiva de este régimen, sino que se viene acarreando desde hace décadas, sólo que inicialmente las “comisiones” consumí­an el 10% de los proyectos de obra pública, luego se elevó al 20% y así­ sucesivamente, al grado que se rumorea, porque no hay forma de comprobarlo, que actualmente es del 50%, porque hay que distribuir las mordidas entre funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, diputados, gobernadores departamentales, alcaldes y gestores.

   De esa cuenta, las empresas constructoras o las ONG, como no son instituciones de caridad, utilizan materiales de pésima calidad y subcontratan a ingenieros civiles mediocres, si no son los mismos funcionarios estatales, diputados y alcaldes los propietarios de esas “compañí­as” los que “construyen” carreteras, puentes, escuelas, hospitales y otros edificios públicos que se arruinan muchos años antes de lo que podrí­a ser su vida útil.

   Pero esa cadena de corrupción no se focaliza únicamente en la citada cartera ministerial y sus dependencias, sino que también otras autoridades y empleados de mediano y bajo rango están implicados directa o indirectamente en esta tragedia nacional, como funcionarios del Ministerio de Agricultura, municipalidades y otras dependencias que autorizan la desmedida tala de bosques, siempre con las respectivas mordidas.

   A estas alturas, viene la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros a presentar “su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas”, acaecidas “como consecuencia de los fenómenos naturales… y por la vulnerabilidad de nuestra infraestructura”. Me pregunto, como otras veces, ¿serán abogados, entonces, o médicos, sastres, comadronas o árbitros de fútbol los que diseñan y ejecutan esas obras?

   Aunque tardí­amente, es pertinente que los directores del CIG adviertan que “Las empresas nacionales, los profesionales de la ingenierí­a y las instituciones gubernamentales deben tomar el camino de la responsabilidad, de la ética y la transparencia, tanto constructiva como de calidad de los proyectos” y añadan que debe ser motivo de atención especial “La elaboración y actualización de manuales y normativas de diseño, construcción y supervisión”.

    (El anciano Romualdo Tishudo observa curioso la construcción de una carretera. El novato y pedante ingeniero a cargo de la obra le pregunta con sorna cómo hací­an esos caminos en su niñez. El longevo responde: –Se soltaba a un burro viejo y el animal se internaba por la montaña buscando la ruta más corta–. ¿Y si no habí­a un burro? –Pedí­amos un ingeniero recién graduado al Ministerio de Comunicaciones.