El presidente estadounidense, George W. Bush, está cada vez más solo en su impopular segundo mandato, tras perder esta semana a otro de sus más cercanos aliados, el secretario de Justicia Alberto Gonzales, que engrosó la larga lista de colaboradores que lo han abandonado.
Cuando todavía no se recuperaba de la anunciada renuncia de su eminencia gris y estratega de sus campañas presidenciales de 2000 y 2004, Karl Rove, a mediados de agosto, Bush recibió otro golpe el lunes: el controvertido Gonzales dijo que se separa del cargo, medida que se efectivizará el 17 de septiembre.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, primer hispano que accedió a ese puesto, se encontraba desde hacía varios meses en el centro de un escándalo por la destitución de fiscales federales presuntamente por razones políticas.
Bush, a un año y medio del fin de su segundo mandato, no tardó en defender a Gonzales y en fustigar a sus detractores.
El renunciante secretario «ha jugado un papel fundamental en dar forma a nuestras políticas en la guerra contra el terrorismo y ha trabajado incansablemente para hacer a este país más seguro», dijo el mandatario.
La salida de Gonzales se inscribe dentro de una verdadera hemorragia de cercanos aliados y asesores del mandatario desde las elecciones legislativas de noviembre de 2006, cuando el Partido Republicano de Bush perdió la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
La aplastante derrota de los republicanos llevó al secretario de Estado Donald Rumsfeld, artífice de la guerra en Irak y líder de los halcones en el seno de la administración Bush, a renunciar.
El estratega en materia de comunicación Dan Bartlett, cercano y fiel consejero de Bush, renunció en junio argumentando razones familiares.
Luego remeció Washington la salida de Karl Rove.
Y ahora se sumó Gonzales, quien primero como consejero de la Casa Blanca y luego como secretario de Justicia estuvo ligado a políticas controversiales de Washington como los métodos de interrogatorios de prisioneros de la «guerra contra el terrorismo», calificados por detractores de tortura; la detención de éstos en Guantánamo y las escuchas telefónicas de ciudadanos estadounidenses.
Pero la lista de colaboradores de Bush que lo abandonaron continúa: los asesores en seguridad nacional J.D. Crouch y Meghan O’Sullivan, el director encargado del presupuesto, Rob Portman, la directora política Sara Taylor y la asesora en asuntos legales Harriet Miers.
Al igual que Rove, la mayoría invocó la voluntad de pasar más tiempo con la familia, pero analistas han subrayado que semejante éxodo es cualquier cosa menos excepcional al final de una presidencia.
Por si fuera poco, y aunque no pertenecían al gobierno, Paul Wolfowitz, uno de los arquitectos de la guerra en Irak, ex número dos del Pentágono, fue forzado a abandonar la presidencia del Banco Mundial en mayo, al tiempo que John Bolton, ex secretario de Estado, no fue reelecto como embajador de Estados Unidos en la ONU.
Mientras los colaboradores de Bush saltan del barco, el gobernante bate todos sus récords de impopularidad. A finales de junio, el nivel de popularidad del mandatario fue de 26%, lo que lo convirtió en el presidente menos popular desde Richard Nixon, según un sondeo de la revista Newsweek.
La aprobación de Nixon se colocó en un 23% en enero de 1974, 7 meses antes de su renuncia provocada por el caso Watergate, recordó la revista.
La principal causa de la impopularidad es el repudio al estancado conflicto en Irak. En otro sondeo de Newsweek, en julio, más de dos tercios de los estadounidenses (68%) desaprobaron la estrategia de Bush en suelo iraquí.
Sólo un 27% de los encuestados aprobó la política de Bush en Irak, donde la guerra ha costado la vida de más de 3.700 soldados estadounidenses.
En medio de este clima hostil, el año y medio que le resta a Bush en la Casa Blanca estará marcado por una cohabitación difícil con sus adversarios demócratas mayoritarios en el Congreso, con quienes mantiene una pulseada sobre la guerra en Irak.
«Si hay alguna política» de la administración hasta 2009, «será la política del veto», el arma más poderosa que le queda a Bush contra los proyectos de ley de los demócratas, había advertido tras la renuncia de Rove el analista Stephen Hess, de la Brookings Institution.
Stephen Hess, analista independiente