Elizabeth Silva llevaba a su hermana menor a la escuela cuando dos individuos enmascarados ingresaron a su casa y le pegaron tres tiros a su padre. Cuando su hermano de 14 años salió corriendo de su habitación para ver qué sucedida, también lo mataron a tiros.

Los asesinatos en esta soleada región agrícola del oeste de México hicieron que la muchacha se subiese a un autobús que se dirigía a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo, un recurso dada vez más popular en una zona aislada donde se registran algunos de los peores episodios de violencia relacionados con el narcotráfico. Con el sonido de disparos de trasfondo, su familia sepultó a los muertos y huyó también para pedir asilo.

En los últimos años ha habido un marcado aumento en las solicitudes de asilo de parte de mexicanos. Si bien el gobierno estadounidense no dice de dónde proceden las personas, la Associated Press comprobó que muchos vienen de la «Tierra Caliente», como se denomina a una zona que se encuentra unos 400 kilómetros (250 millas) al oeste de la Ciudad de México. Se ha corrido la voz de que las autoridades estadounidenses dejan en libertad a las mujeres y los niños mientras esperan hablar con jueces de inmigración, lo que alienta a que otros hagan lo mismo.

La AP contabilizó a 44 mujeres y niños de la Tierra Caliente que fueron liberados en San Diego en solo un mes, desde el 26 de agosto al 27 de septiembre, incluidas Silva, de 25 años, su hija de dos años, su madre, su abuela y una hermana.

Muchos solicitantes procedentes de la ciudad de Buenavista llevan cartas formales del funcionario municipal Ramón Contreras que dicen que son víctimas de persecución.

«Desde el 24 de febrero los habitantes de esta localidad están amenazados de muerte por el crimen organizado ya que están viviendo con una ola de violencia e inseguridad y careciendo de trabajo para vivir. Por lo tanto me permito recomendar ampliamente a través de esta carta a estas familias para que les brinden la protección que las personas soliciten», dice la carta.

La Tierra Caliente está tan dominada por un sanguinario cartel que los residentes de media docena de pueblos formaron grupos de autodefensa este año para tratar de ahuyentar a los traficantes. Ahora escapan de a montones, diciendo que su rebelión los convirtió en blanco de los carteles.

«Hay muchas, muchas familias que se han ido a Estados Unidos a pedir asilo», comentó Hipólito Mora, líder de una patrulla en el barrio La Ruana de Buenavista, un municipio de 42 mil habitantes.

El cartel de los Caballeros Templarios, una organización pseudo-religiosa que toma su nombre de una antigua orden monástica, le ha prendido fuego a depósitos de madera, plantas empacadoras y autobuses de pasajeros en un reino del terror digno de la era medieval. Exige pagos para proteger a ganaderos, agricultores y comerciantes, lo que hizo surgir las patrullas de autodefensa en febrero. Esto generó un aumento en la violencia del cartel, que trató de paralizar la principal actividad económica de la zona, el cultivo de limas.

Un político de Buenavista fue asesinado a machetazos y un vicealmirante de la Armada murió en una emboscada. En abril, diez personas fueron asesinadas en otra emboscada cuando volvían de una reunión con funcionarios estatales a los que les habían pedido ayuda.

Las solicitudes de asilo en Estados Unidos de parte de mexicanos se más que cuadruplicaron en relación con el 2006, el año en que el gobierno lanzó una fuerte ofensiva contra el narcotráfico, y llegaron a 9.206 pedidos el año pasado. El Departamento de Seguridad Interior dice que un promedio de 11 mexicanos solicitaron asilo diariamente en el cruce fronterizo de San Diego entre el 9 de agosto y fines de septiembre.

Más del 90% de las solicitudes son rechazadas. Para que se conceda asilo, un juez de inmigración debe llegar a la conclusión de que el solicitante era perseguido o tenía buenas razones para temer ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, afiliación a determinado grupo social o por sus opiniones políticas. Abogados de inmigración dicen que la mayoría de los solicitantes son llevados a centros de detención, pero Silva y muchos oros han sido excarcelados mientras esperan una decisión.

El presidente de la comisión judicial de la cámara baja, Bob Goodlatte, republicano, criticó al Departamento de Seguridad Interior por dejar en libertad a esas personas, diciendo que generalmente no se presentan ante los jueces de inmigración. «Me preocupa el que el argumento de temor de persecución esté siendo explotado por inmigrantes ilegales para entrar a Estados Unidos y luego permanecer aquí», le escribió en agosto a Janet Napolitano, por entonces la secretaria de ese departamento.

El Departamento de Seguridad Interior dijo en un comunicado que sus decisiones se hacen sobre la base de varios factores, incluidos los lazos con la comunidad, el riesgo de huida y los antecedentes policiales. Se abstuvo de comentar casos específicos.

Algunos solicitantes de asilo dijeron que fueron rechazados en la frontera. Entre ellos Isamar González, de 20 años, de Buenavista, y su madre. «Les dijimos que queríamos asilo y se nos rieron en la cara», afirmó.

Pero muchos otros logran cruzar la frontera luego de una evaluación inicial.

Candelaria Aguilar temía que el cartel secuestrase a sus hijos de 14 y 10 años y los convirtiese en sicarios. Se vino a San Diego luego de que su cuñada la llamó desde Los Angeles y le dijo que había sido liberada mientras esperaba una respuesta a su solicitud de asilo.

«Ahí fue cuando me animé», expresó esta madre soltera de 30 años, quien también fue dejada en libertad por las autoridades de inmigración estadounidenses, junto con sus hijos, luego de pasar una noche detenida. «Es la única salida».

Ynez Valencia Valladares, de 23 años, dijo que tomó un autobús dirigido a Tijuana con sus hijos de siete, cinco y tres años, sin saber bien qué hacer luego de que sus hermanos fueron asesinados en una hacienda familiar. Un conductor de taxis de Tijuana le recomendó que pidiese asilo. Lo hizo y ella y sus hijos fueron liberados tras pasar una noche bajo custodia.

El pedido de asilo de Elizabeth Silva comenzó a gestarse cuando individuos enmascarados abrieron la puerta de la casa de su familia en Apatzingan a puntapiés alrededor de las ocho de la mañana del 2 de septiembre y mataron a su padre, Jorge Silva, de 47 años, y a su hermano, José Manuel Silva, de 14, según la procuraduría general del estado de Michoacán. La policía no ha hecho arrestos ni ha revelado los posibles motivos de las matanzas.

Silva cree que estuvieron relacionadas con el pago de extorsiones. «Todo el mundo paga», aseguró. «Todos».