“Que tanto CACIF como sus entidades afiliadas están convencidas de que el respeto por la dignidad humana constituye la base y el fin de todas las actividades, sean éstas de carácter político, económico, social, religioso, cultural o de cualquiera otra índole.”
Guatemala, 2014.
Por primera vez en la historia del país y luego de 57 años de existencia, los empresarios organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, aprobaron este año lo que llaman “política institucional empresarial de Derechos Humanos”, un avance si tomamos en cuenta que los empresarios nacionales históricamente conservadores y ahora neoliberales, han dado la espalda a los DDHH, los han satanizado entre estereotipos, prejuicios y estigmatizaciones.
El preámbulo del documento del CACIF reconoce que es deber y fin del Estado el respeto, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y agrega que respetar la Constitución Política de la República, “constituye el eje central sobre el cual se promueve una agenda de desarrollo para Guatemala y se hace efectivo el cumplimiento de los DDHH en el país.”
El CACIF considera “que en el marco de la agenda nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, debe promoverse: la transparencia, el principio de buena fe, la lectura y promoción de la Carta de Naciones Unidas y privilegiar la interlocución con actores legítimos.”
Esta política empresarial tiene grandes omisiones, no hay una sola palabra dedicada a sectores sociales vulnerables, marginados y discriminados en el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres, los menores de edad y las poblaciones indígenas. Como está planteada es una iniciativa incompleta e incoherente, carente de objetivos, de metodología y sin ninguna propuesta. No dice cómo, cuándo y con qué recursos se van a implementar y ejecutar las actividades y acciones que pretenden impulsar. Tampoco menciona nada sobre estrategias y medios necesarios para dar cumplimiento a dicha política.
Aun con las deficiencias señaladas insisto en que viniendo del CACIF, es una ventaja conocer las intenciones humanitarias que el sector empresarial manifiesta con este tipo de políticas. Hace falta saber qué proponen y cómo creen que se puede lograr la armonía social alterada y agitada por actividades extractivas, la construcción de hidroeléctricas y los monocultivos que empresas transnacionales y nacionales promueven en el país.
En ese sentido, el 26 de junio del presente año, por iniciativa de los Gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas CDH/ONU, aprobó la Resolución HRC26th-25/06/2014-A/HRC/26/L.22/Rev.1, para crear un Grupo de Trabajo encargado de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas”. La resolución adoptada por mayoría de votos (20 a favor, 14 en contra y 13 abstenciones), intenta identificar nuevos sujetos violadores de DDHH para deducir responsabilidades a empresas transnacionales dedicadas a la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas, porque dañan el territorio y violan derechos fundamentales de las poblaciones afectadas.
La resolución del CDH/ONU insta a elaborar un marco legal para regular el comportamiento de las empresas e impedir abusos o violaciones a los DDHH como consecuencia de sus actividades, por tanto, es necesario un Código de Conducta vinculante para vigilar a las empresas nacionales y transnacionales.
Para bien del país y la clase trabajadora, sugiero que el CACIF reformule y actualice su política institucional empresarial de Derechos Humanos.