El sector privado considera que el proyecto de ley 4084, que cuenta con dictamen favorable desde el 2009, riñe con la Constitución.

El último día de audiencias públicas promovido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales fue aprovechado por el sector privado organizado para presentar su ponencia respecto a la ley de Desarrollo donde dejaron claro su rechazo a la propuesta.

“El Cacif siempre ha apoyado el tema de desarrollo rural, hay dos iniciativas de ley, una de ellas es la 4084, la cual vemos con preocupación ya que consideramos que tiene varias inconstitucionalidades y hoy venimos a mostrar las inconstitucionalidades que detectamos, es una ley que no apoyamos porque creemos que es ilegal”, señaló el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Andrés Castillo.

Para el empresario lo ideal sería retomar el proyecto marco que surgió del Plan Visión País ya que es una “mejor ley” que la propuesta que dictaminó en 2009 la Comisión Legislativa de Agricultura. Si bien, reconoce que se necesitan las herramientas para procurar el desarrollo rural, no es a través de nuevas leyes.

“Creemos que tenemos suficiente legislación en Guatemala para que ese desarrollo rural se dé, creemos que estamos sobrelegislando que no es necesaria esta ley específica, ya tenemos suficientes…”, resaltó el empresario.

Durante su intervención en las audiencias señalaron su objeción a 15 artículos del proyecto de ley por considerar que contraviene garantías establecidas en la Carta Magna.

RECHAZO

El rechazo parte desde el artículo 1 en el cual se establece que la política nacional estará a cargo del Sistema Nacional de Desarrollo, lo cual aseguran contraviene la institucionalidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

En el artículo 3 en el que se plantea como sujeto al agricultor consideran que se atenta contra el principio de igualdad ante la ley. En el artículo 5 donde se plantea sobre las tierras comunales aseguran que riñe con el punto 68 de la Carta Magna el que establece las tierras sobre las comunidades indígenas.

En el punto en el que se aborda el comercio con justicia, aseguran que contraviene el artículo 4 de la Constitución que establece la libertad e igualdad. La forma como abordan la política agraria riñe con el artículo 39 de la propiedad privada, según su criterio.

En cuanto a la política económica que dicta la propuesta que establece la revisión de los tratados y acuerdos comerciales en función de los objetivos de la ley, consideran que atenta contra el artículo en el cual la Junta Monetaria es la que determina la política monetaria, cambiaria y crediticia.

La ponencia también alcanza los artículos 22 en los que se hace referencia a un Sistema de Desarrollo Rural que contraviene el Sistema de Desarrollo. El 23, 24, 25 y 26 también fueron criticados por el sector privado ya que aseguran que transgrede contra las funciones del Presidente. Asimismo,  los artículos 35 y 36 fueron objetados por considerar que contravienen  el Sistema de Consejos de Desarrollo.

Junto con el Cacif participaron otras organizaciones que mostraron su opinión a la propuesta. Con esto se concluyó el ejercicio de la Comisión, por lo que se espera que en los próximos días se haga un resumen de las ponencias, así lo explicó el presidente de la Comisión, Oliverio García “Evaluaremos las opiniones y serán presentadas a la Instancia de jefes de Bloque”, concluyó el parlamentario.