El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se reunió, de nuevo, con representantes del sector empresarial para abordar el tema de las reformas constitucionales que impulsa su gobierno y que ese sector adversó recientemente, en su totalidad.

La cita fue con representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El presidente de la entidad empresarial, Andrés Castillo, previo al encuentro, dijo que parte del objeto de la reunión es hacer saber al gobernante sobre la posición abierta del empresariado a la necesidad de la modernización del Estado.

Sin embargo, a pesar de que hay coincidencia entre el sector privado y público en hacer reformas al sector estatal, ha sido difícil en las últimas semanas concretar un acuerdo sobre cuál sería la mejor vía para llevarlo a cabo, pues de parte del sector privado se considera que es vía legislación ordinaria.

Entre estas se deberían modificar la ley electoral, la de la Contraloría, la del presupuesto e impulsar y mejorar el paquete de transparencia que todavía está en el Congreso, entre otras.

Según Castillo, en el sector privado continúa la preocupación “legítima” de que el proyecto reformador de la Carta Magna se trastoque en el Organismo Legislativo cuando el Ejecutivo lo envíe, aunque ese no sería el punto de partida de su oposición al paquete de enmiendas a la Constitución.

Cuando el sector empresarial se mostró en contra de la propuesta del mandatario, hace unas semanas, ofreció acompañamiento técnico y político al gobierno, para desarrollar legislación de menor rango que la Constitución y eso sería lo que se ofrece hoy al presidente Pérez Molina con las propuestas del sector y en el futuro hacer ver la necesidad de los cambios a los diputados.

FALTARÍA CONSENSO

Según el dirigente empresarial, se debe reconsiderar la reforma al texto fundamental, es decir, “creemos que deberíamos trabajar primero las modificaciones a esas leyes ordinarias, que se hagan realidad, que se apliquen y entonces evaluar si vale la pena entrar a modificar o no la Constitución”, señaló el Presidente del Cacif.

La falta de consenso en la sociedad guatemalteca acerca del proyecto del Ejecutivo se vería reflejado en la posición que ya adoptaron distintos sectores a criterio de Andrés Castillo. Entre estos el Consejo Superior Universitario de la Usac, el Arzobispo Metropolitano, el Colegio de Abogados y otros miembros del sector privado, quienes habrían cuestionado varios planteamientos de la propuesta, señalado preocupaciones y hasta pedido más tiempo de análisis.

En ese sentido, “por el momento, tampoco nosotros hemos visto un gran apoyo a esas reformas”, pues en todo caso, “estamos viendo más dudas que certezas”, afirmó el empresario.

PERCEPCIÓN CONSERVADORA

El sector privado agrupado en el CACIF recientemente también se opuso a la aprobación de la iniciativa de ley de Desarrollo Rural Integral en el Congreso, bajo supuestos de contenido inconstitucional. Ahora se opone a la reforma que impulsa el Ejecutivo pero considera que no se debe tomar su posición como opuesta a la modernización del Estado.

“Considero que la percepción no debería ser esa”, refirió Castillo, quien agregó que “no nos oponemos a que haya desarrollo rural”, pero que se tiene “suficiente legislación” para que se concrete y que haya incentivo para generar inversiones.

“Estamos en la misma línea de modernizar el Estado”, pero eso no necesariamente pasa por reformar la Constitución, concluyó.