Cada cuatro años, en los primeros meses de ejercicio del nuevo gobierno, se empiezan a conocer algunos de los actos administrativos calificados como ilegales, corruptos o ilícitos realizados por los ex funcionarios del gobierno anterior; así sucedió con los gobiernos de Lucas, Ríos Montt, Mejía Víctores, Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías, incluso el de Ramiro De León, ílvaro Arzú, Alfonso Portillo y ahora con í“scar Berger.
Todos los presidentes que inician sus períodos gubernamentales, indican al pueblo que han recibido el Estado en «bancarrota», que no hay dinero, que la administración anterior fue ineficiente y como por arte de magia, principian a circular documentos que demuestran – en algunos casos – dichas acusaciones, lo cual justifica también que el Congreso recién instalado, se apresure a dictaminar la autorización de préstamos del extranjero, para llenar los vacíos y baches que supuestamente han encontrado.
Los ex funcionarios implicados y/o acusados, esgrimen en su defensa que ahora se han convertido en «perseguidos políticos» y que, por supuesto, ellos ejercieron sus funciones apegados a las leyes con toda la honestidad y probidad que se puedan imaginar; aunque en los medios de comunicación social se publiquen los documentos que demuestran su responsabilidad, por hacer o por no hacer, es decir por haber cumplido o no con sus obligaciones.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, no tomaron ni toman las acciones pertinentes de investigación para – en su caso – determinar las acciones ilícitas o conductas delictivas que se les señalan a los ex funcionarios. Entonces… ¿cómo puede el pueblo confiar en los actuales funcionarios que por ley, DEBEN realizar las acciones pesquisidoras correspondientes?
¿Pesa más, la solidaridad política entre los ex funcionarios acusados y/o señalados con los actuales funcionarios, que el imperio de la ley? ¿Por qué se hacen los babosos ante tanta denuncia pública? ¿O son babosos de verdad? he aquí algunos ejemplos: Usurpan propiedad de Pro ciegos, esposa de magistrado de la Corte Suprema de Justicia implicada; Militar cuestionado a cargo de la FAG; no hay dinero para terminar el relleno del hoyón del Barrio San Antonio; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gastan Q5 MILLONES en viajes.
Lo anterior como un botón de muestra; así hay muchas más acusaciones y denuncias a las que las instituciones señaladas ni siquiera han investigado. Sin embargo? los acusados, denunciados o señalados de las conductas delictivas, andan por la calle navegando con bandera de honestidad y honradez, gozando del dinero mal habido o hueveado al pueblo.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público son las instituciones que tienen la responsabilidad de inquirir, averiguar o esclarecer las denuncias públicas; por ejemplo: ¿en casa de qué funcionario están los muebles de madera originales del tiempo del gobierno del general Ubico que estaban en Casa Presidencial durante el gobierno del FRG? ¿Cómo está el asunto del mal manejo de fondos por parte de la SOSEP durante el gobierno de Berger? Son circunstancias que parecen pequeñas e irrelevantes pero que deben ser esclarecidas.
La «cacería de brujas» debe convertirse en «cacería de ex funcionarios ladrones» de todos los gobiernos anteriores, quienes deben responder respecto de las acusaciones incoadas en su contra, en los Juzgados, o bien por medio de las denuncias públicas; de lo contrario el pueblo pensará que las instituciones identificadas, «tapan» o protegen a los ex funcionarios ladrones, bajo el criterio de que: «Hoy por ti, mañana por mí».