Llevo tiempo de observar que la mayoría de los medios de comunicación se han ido volviendo plataforma para la desmedida pretensión de nuestros políticos por contar con protagonismo. Poco me importaría esa actitud o comportamiento si en realidad lo merecieran, como aquel alcalde que acaba con un pestilente basurero; un diputado que lucha afanosamente porque se emita una ley en beneficio de tanto niño desamparado o porque se hagan efectivos los derechos humanos de la ciudadanía, pero de eso, a aparecer en los medios mañana, tarde y noche diciendo que las piedras las volverán oro o que prometen hasta el cansancio resolver determinado problema y nunca ocurre tan feliz momento ¿no les parece que es mucho abusar de la paciencia de los lectores, oyentes o televidentes?
Los chapines tenemos rato de ser espectadores de diferencias, ansiedades y hasta de pleitos entre bancadas o diputados por ver quién se lleva las palmas para hacer efectivo el derecho a informar y ser informado, sin embargo, ¿ya saben quién fue el primer retrechero para divulgar la cantidad de asesores, consultores, achichincles, guaruras o como usted prefiera llamarles, cuánto les pagan y cuáles fueron sus méritos para ocupar tan codiciados huesos? Pues nada más y nada menos que el mismo Presidente del Congreso. ¿Entonces, quién podrá creerles tan cándidas promesas?
Como de costumbre, en nuestra folclórica politiquería no tarda en caer el árbol para que todos quieran hacer leña de él y de esa cuenta, ahora abundan quienes aseguran que tendrán que pasar sobre sus cadáveres si en el organismo, entidad u organización eso de ocultar información nunca más podrá pasar, ya que están dispuestos a defender ese legítimo derecho humano consignado en nuestra Constitución, hasta con su propia sangre. Como decía mi abuelo: «A otro chucho con ese hueso mi»jito», porque aunque nuestros políticos crean que todos los chapines somos caídos del tapanco, hay algunos que tuvimos la suerte de caer parados y por esa pequeña diferencia ya no somos tan babosos que digamos. Como hemos dicho siempre, en Guatemala pecamos de exceso de legislación. Y si se hubiera querido castigar a todo aquel funcionario que ocultó, escondió información o simplemente no le dio la gana de decirla, hace rato las cárceles estarían llenas a reventar de políticos mentirosos e incumplidores de sus obligaciones y responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee bien lo que dice la Constitución en su artículo 35, es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. Con esto más, sin necesidad de que tal disposición se reglamente, aquel funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo deberá ser sancionado con prisión de uno a tres años, conforme lo establece el Artículo 419 del Código Penal en vigor. Así es que no nos vengan con cuentos, si tienen efectivamente la voluntad de cumplir con la Ley y de hacer valer los derechos humanos de los guatemaltecos, señoras y señores politiqueros, quítense de estar frente a las cámaras, luces, micrófonos y pantallas y pónganse a trabajar, como cumplir fielmente con sus deberes y responsabilidades. ¿Para qué ir tan lejos?