Debido a la sistemática violación de los derechos laborales de miles de trabajadores, en su mayoría mujeres lactantes y embarazadas en la industria textilera, la PDH urgió la conformación de la Comisión de Alto Nivel, para la discusión del problema y búsqueda de solución pronta.
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Según Marco Vinicio Hernández, titular de la Defensoría del Trabajador de la PDH, la impunidad estructural que prevalece en el sistema de las relaciones laborales genera la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de trabajo.
Debe estar presidida por el Vicepresidente de la República, Ministerio de Trabajo, Economía, Relaciones Exteriores, y que se pueda discutir los mecanismos que le corresponden al Estado para garantizar la vigencia de los derechos laborales.
Cierre de empresas
De enero a la fecha han cerrado unas 37 empresas, de las cuales 20 pertenecían a la industria textilera; por lo que unos 5,326 trabajadores habrían sido afectados por la pérdida de empleos.
Datos de la Defensoría del Trabajador detallan que al menos se tienen registrados 100 casos de incumplimiento de derechos laborales -pago de prestaciones y/o indemnizaciones- a mujeres embarazadas y lactantes.
Hernández detalló que de la población que trabaja en maquiladoras, el 90% está constituido por mujeres, quienes generalmente poseen poca escolaridad, muchas son madres solteras, lo cual las convierte en una población altamente vulnerable.
«Muchas de estas mujeres no tuvieron otra opción que caer en las prácticas ilegales de negociación que les plantearon, y son obligadas a firmar documentos sin previa lectura, donde renuncian a sus derechos», señaló el entrevistado.
Coacciones o tretas
Hernández refirió que muchos de los empleadores, mediante el retraso del pago de salarios o de prestaciones, obligados por las crisis, «los hacen caer en estas fórmulas de la supuesta terminación de problemas bajo mutuo consentimiento», sostuvo.
Según un testimonio de una trabajadora de la maquiladora de ropa «Shalom», ella debía firmar un documento, sin conocer su contenido, para que se le entregara la contraseña de pago de su salario que le adeudaban por varios meses.
Se informó sobre cien casos de mujeres lactantes y en estado de gestación que fueron obligadas a firmar «resolución de demandas de mutuo acuerdo».
«Hay una debilidad en las políticas públicas del Estado. El Ministerio de Trabajo, con tal de tener un conflicto menos, es del criterio de que se deben resolver de mutuo acuerdo; estima que es mejor recibir algo a no recibir nada. De esa cuenta se cae en una pérdida acelerada del ejercicio de los derechos laborales», apuntó Hernández.
César Gatica, de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, informó que la dependencia tiene un registro de 16 empresas textileras, de las cuales se habría recuperado, en pago de prestaciones e indemnizaciones, Q 14,613,579.22, a favor de los trabajadores.
Según Gatica, muchos de los trabajadores se asesoran de equipos de abogados independientes y ellos desisten de la intervención directa de la Inspección, ya que llegan a un acuerdo directo con su empleador, «sólo notifican que se han llegado a estos acuerdos y desisten de continuar las denuncias ante la Inspección», afirmó.
La unidad registra 16 procesos judiciales contra empresas maquiladoras, por incumplimiento del pago de indemnizaciones, y unos 15 casos de denuncias por violación a los derechos laborales de embarazadas o lactantes.