Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), consideró que la incapacidad del Estado y en especial de la justicia, para reparar a nivel interno las violaciones a los derechos de las personas, hace necesario acudir a este nivel.

gAllí­ se busca que, a través de sentencias y recomendaciones de esos órganos, el Estado adopte las medidas para garantizar los derechos de las personas dentro de su territorio», señaló.

A la fecha, al menos 27 procesos legales han sido admitidos en dos de los órganos más importantes del citado sistema: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH y CorteIDH, respectivamente).

Todos ellos han llegado en la búsqueda de una respuesta positiva a la resolución de sus casos, que en ocasiones han llevado hasta una década sin obtener justicia en los tribunales guatemaltecos.

EN CONTRA

CEJIL junto con varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, han representado a familiares y ví­ctimas de violación a sus derechos humanos, al debido proceso o al incumplimiento de recomendaciones, para que el Estado se responsabilice por tales acciones u omisiones.

Desde 1994, cuando CEJIL tomó el primer caso, hasta la fecha, se ha logrado la sentencia condenatoria, de la CorteIDH, contra el Estado de Guatemala en seis casos.

Tres de ellos estuvieron relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno: el caso de la masacre en el Plan de Sánchez, la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y el de detención y desaparición forzada del guerrillero Efraí­n Bámaca.

Actualmente, la CIDH tiene en proceso alrededor de 19 expedientes, la mayorí­a de ellos por ejecuciones extrajudiciales cometidas tanto durante la guerra como en la etapa posconflicto. La diferencia es que en el segundo escenario, la Policí­a pasó a ser el mayor aparato represor de Estado, empero, la negación de la justicia es el común denominador.

El caso de Myrna Mack Chang y el de la masacre en la aldea Dos Erres, del municipio La Libertad, en Petén, son los únicos que se encuentran en trámite en este momento ante la CorteIDH. El último recién comenzó la etapa de exposición de alegatos el 12 de noviembre recién pasado.