La «reforma profunda» de la Policía Nacional Civil y las acciones para garantizar la agilidad y transparencia de los procesos de justicia son una prioridad del país, indicó hoy el representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas.
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El activista en derechos humanos es además uno de los miembros de la comisión garante del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, el cual fue suscrito el pasado 15 de abril por los tres organismos del Estado y el Ministerio Público.
Según declaraciones de Rodenas, la «reforma profunda» de la Policía Nacional Civil es necesaria para garantizar la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana, en el marco de la ola de violencia e inestabilidad social que deviene de la crisis de inseguridad en Guatemala.
El rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, en recientes declaraciones señaló que la profesionalización de la Policía en las aulas universitarias supondría una de las principales acciones para fortalecer la institucionalidad de la entidad, además de mantener la política de investigación y depuración del personal.
De esa cuenta, la institución policial sería una de las prioridades, dijo Rodenas, aunque sin dejar de lado las acciones para garantizar la agilidad y transparencia en los procesos judiciales, a cargo del sistema de justicia.
CANCELADA
Rodenas comentó que para esta semana se tenía planificada una reunión con los representantes gubernamentales que se responsabilizaron de dar cumplimiento al acuerdo para la seguridad y justicia, sin embargo esta fue cancelada.
«El tema es bastante importante y nos preocupa (la cancelación de la reunión) porque había un plazo establecido; esperamos que se retome cuanto antes», indicó del activista, al tiempo que determinó el retraso como una consecuencia de las complicaciones afrontadas por el Gobierno, en torno al asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Seguridad, Francisco Jiménez, refirió que la formulación de las hojas de ruta -que contendrían los planes de acción- todavía no está completa.
Jiménez señaló que la próxima semana podría concretarse una reunión de los representantes gubernamentales con el grupo garante de los acuerdos, que incluye a la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Alianza Evangélica y el Arzobispado de Guatemala.
LAS METAS
Desde mediados de abril, los organismos Ejecutivo, Judicial, Legislativo y el Ministerio Público se fijaron 101 compromisos para el avance de la seguridad y la justicia.
Como garantes del proceso se nombró a las organizaciones sociales, que tendrían como responsabilidad verificar la creación de las hojas de ruta, en las que se fijarían las acciones, plazos y el financiamiento de las acciones.