La Corte de La Haya se pronuncia el lunes sobre el diferendo entre Nicaragua y Honduras por 130.000 km2 en el mar Caribe, una cuestión que envenena desde hace años las relaciones entre ambos vecinos y que motivó la creación de una zona de excusión militar y la captura de pesqueros.
Con el objetivo de bajar la tensión, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Honduras, Manuel Zelaya, anunciaron que se reunirán en la frontera común para aguardar el veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se dará a conocer el lunes será inapelable.
«Hemos acordado reunirnos en la frontera del Guasaule (noroeste) y, conociendo la sentencia de la Corte, darnos un abrazo como hermanos centroamericanos y decirle a nuestros pueblos que llegará el día en que vamos a borrar las fronteras en Centroamérica», dijo Ortega el jueves pasado.
La causa se remonta a diciembre de 1999, cuando Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ días después de que el Congreso hondureño ratificase un tratado limítrofe con Colombia firmado en agosto de 1986, que según Managua ataca a parte de su soberanía en el mar Caribe.
En su presentación, Nicaragua pidió a la Corte de La Haya que «determine el trazado de una frontera marítima única» entre las aguas territoriales, la plataforma continental y las respectivas zonas económicas de exclusión de ambos países, en particular una superficie de 130.000 km2 en el mar Caribe.
La zona en disputa está ubicada al norte del paralelo 15, en el que se encuentra la desembocadura del río Coco y que marca la frontera terrestre entre Nicaragua y Honduras según un laudo arbitral pronunciado por el rey de España en 1906.
De acuerdo con Nicaragua, la frontera marítima con su vecino en el mar Caribe «no ha sido determinada», por lo que pide «equidad» y «justicia» en la repartición de la zona en disputa.
En cambio, Honduras asegura que existe «una línea de delimitación que sigue directamente hacia el Este el paralelo de latitud a partir del punto establecido en la sentencia» de 1906, es decir la desembocadura del río Coco.
La sucesión de reclamos elevó la tensión entre ambos países y llevó la cuestión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mediador, el diplomático Luigi Einaudi, obtuvo un acuerdo de «exclusión militar» en la zona en litigio entre los paralelos 15 y 17.
Al margen de este diferendo Nicaragua-Honduras, hay otros cuatro causas presentadas por países latinoamericanos en La Haya que se encuentran pendientes de resolución, además de un pedido de revisión de fallo.
Uno de esos pleitos es el que enfrenta a Nicaragua y Colombia por un diferendo territorial también en el Caribe, iniciado por Managua en 2001 y por el que se celebraron audiencias en La Haya en junio.
Nicaragua tiene abierto un tercer caso, con Costa Rica, por derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos (2005).
El restante diferendo pendiente es el que enfrenta desde 2006 a Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo junto a un río de soberanía compartida.
La CIJ juzga los diferendos entre Estados, especialmente territoriales. Si bien sus decisiones son definitivas, el tribunal no está capacitada legalmente para obligar a ningún país a ejecutarlas.
Daniel Ortega
presidente de Nicaragua