En el suplemento La Hora Política abordamos hace ocho días los esfuerzos encaminados por el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales y el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Cardenal Quezada Toruño para hacer una propuesta en la búsqueda de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad, a través de una profunda reestructuración del sistema, empezando por la Policía Nacional Civil, ante el clima de inseguridad que golpea a los guatemaltecos de todos los estratos sociales.
La muerte violenta de los diputados salvadoreños y la ejecución de los policías implicados en ese hecho, en un recinto de máxima seguridad; los altos índices de asesinatos y el constante aparecimiento de cuerpos con señales de tortura, generaron que autoridades eclesiales, universitarias y de la Procuraduría de los Derechos Humanos hicieran un esfuerzo conjunto en la búsqueda de una solución a la crisis, agudizada ante los fuertes indicios de la penetración del crimen organizado en las estructuras del sistema de seguridad nacional.
La propuesta salió a luz luego de intensas evaluaciones en las que se determinó que el Estado es incapaz de garantizar la vida y la seguridad de las personas, por lo que se planteó la inmediata depuración y refundación de la PNC y suprimir la División de Investigación Criminal, (Dinc), a la que se atribuye tareas de limpieza social e involucramiento en el crimen organizado.
Esta iniciativa se produce en momentos que el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann es interpelado en el Congreso de la República, donde los diputados buscan desnudar la incapacidad del titular de esta cartera y consecuentemente su destitución; lo cual se ve difícil por el apoyo incondicional que goza del CACIF, cúpula empresarial que financia a varios precandidatos.
Mientras líderes religiosos, universitarios y el ombudsman hacen un planteamiento concreto, el CACIF sólo se ha limitado a respaldar la gestión de Vielmann, ex presidente de la Cámara de Industria, y públicamente advierte a los partidos políticos a no politizar la discusión del tema de seguridad porque ello perjudicaría las líneas de investigación.
El llamado del CACIF ha situado a los diputados de los partidos políticos que reciben financiamiento del poder económico en la disyuntiva de apoyar o no el voto de falta de confianza en contra de Vielmann, toda vez que los aportes económicos para la campaña electoral podrían verse mermados.
En los próximos días, los guatemaltecos podrán ser testigos de cómo los poderes fácticos influyen en la política doméstica del país. La posición que asuma cada uno de los bloques legislativos sobre el tema será determinante para ver en qué grado están sometidos a los mismos.
Por el momento, observadores políticos coinciden en señalar que ninguno de los precandidatos y partidos políticos ha asumido una posición seria y responsable ante la crisis, a través de propuestas de solución a la crisis, por consiguiente nadie ha capitalizado el tema de inseguridad.
Mientras tanto, las acciones emprendidas por el Procurador de los Derechos Humanos lo fortalecen de cara a su reelección ya que fue él quien denunció al gabinete de seguridad, en febrero de 2006, la existencia de escuadrones de la muerte enquistados en la PNC, con casos plenamente documentados e hizo una propuesta de reestructuración que en ese momento no fue atendida, sino hasta ahora cuando el agua nos llega al cuello.