La repartición de las obras a través del Listado Geográfico de Obras que es aprobado por la Comisión de Finanzas, podría tener un mayor control si se logra aprobar la ley de Fideicomisos o si se le adjudica esta responsabilidad al Organismo Ejecutivo, dicen algunos diputados.
mespana@lahora.com.gt
El Listado Geográfico de Obras es aprobado cada año por la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y en él se contempla la repartición de alrededor Q14 mil millones entre las 333 municipalidades de la República.
Debido a que esta repartición está a cargo de una Comisión en específico, muchos diputados han denunciado el trato preferencial que se les da a algunos municipios.
Cuando este listado llega al Congreso de la República “es manejado discrecionalmente por parte de un grupo, especialmente de la Comisión de Finanzas, ha sido una denuncia sistemática en la que piden una obra a cambio de un voto por lo que una empresa contratista puede estar sellada y condicionadaâ€, dice la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.
La constantes denuncias hechas por parlamentarios son que el 84% de las contrataciones se hacen a través de excepción, esto quiere decir que no usan la Ley de la Contraloría General de Cuentas ni la Ley de Contrataciones del Estado.
Montenegro agrega que el 60% de la obra no pasa por un análisis del sistema nacional de inversión pública y así es como se duplica la obra.
“Muchos usan fideicomisos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG)â€, agrega, por lo que menciona la necesidad de darle viabilidad a la Ley de Fideicomiso Público para regular estas prácticas.
Esta ley lo que pretende es volver al Sistema Nacional de Inversiones y evitar la discrecionalidad de la que hace mención la diputada.
Pero para lograr hacerlo, es necesario hacer una consulta a los Concejos de Desarrollo Urbano y Rural, conocer sus prioridades y direccionarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) para que luego se publicite esta obra a través del Sistema Nacional de Inversión Pública.
“Así veremos cómo se está construyendo, cuánto se está invirtiendo, quien les está construyendo la obra y si no hay obra duplicada, en pocas palabras la calidad de gasto públicoâ€.
POTESTAD
Sin embargo, el diputado Oliverio García Rodas se inclina más porque el Congreso de la República no sea el encargado de aprobar ese dinero.
A decir de él, la Constitución Política de la República detalla claramente las funciones del Congreso “y dentro de ellas de ninguna manera esta la ejecución de proyectos, en consecuencia no tiene por qué el Congreso estar aprobando este listado y mucho menos una comisión que no n os representaâ€, agrega.
Por lo que su propuesta se dirige en que a la hora de aprobar la Ley del Presupuesto General de la Nación no disponer que la Comisión de Finanzas apruebe el listado y así dirigirlo de inmediato al Organismo Ejecutivo.