Freddy Gómez, dirigente de los afectados, explicó que el grupo de demandantes renunció al referido plan, el cual debitaba el 10.58%% del salario de los trabajadores, luego que se suscitaran una serie de anomalí­as, sin embargo, el dinero no les fue devuelto.

Los afectados argumentan que la Corte de Constitucionalidad opinó que ese plan no era obligatorio y aseguran, además, que la perdida total asciende a unos Q19 millones que no han sido devueltos.