Miles de mujeres, en su mayoría indígenas, son contratadas para desempeñar tareas en condiciones de esclavitud, puesto que no gozan de un espacio digno, salario mínimo, jornada de ocho horas, prestaciones de ley, y un trato de respeto. El trabajo de casa particular no está reconocido en el Código de Trabajo, por lo que organizaciones de mujeres preparan reformas al mismo.
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Pese a que las reformas se han promovido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, ya que su reconocimiento fue un compromiso de los mismos, ha habido, al menos, tres iniciativas legales que han buscado tener eco en el Congreso, empero, han sido engavetadas o detenidas desde la misma Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró inconstitucional una de las iniciativas, recordó Rosario Escobedo, del Sector de Mujeres.
Actualmente varias organizaciones sociales discuten y buscan llegar a consensos para la creación de una nueva propuesta de reforma al Código de Trabajo; las reuniones se llevan a cabo en esta semana con diputadas representantes de la Comisión de la Mujer y de Trabajo.
LAS REFORMAS
Uno de los puntos fundamentales que pretenden se incluya en estas modificaciones, es el reconocimiento de la trabajadora de casa particular, puesto que no está claramente definido su desempeño en el código actual.
Míldred Díaz, del Centro de Apoyo para las Trabajadoras de Casa Particular (Centracap), -organización que promueve las reformas-, detalló que en la propuesta de ley se pretende cambiar el artículo 161, para que la definición del trabajo doméstico sea eliminada y se reconozca como trabajo de casa particular.
Actualmente las mujeres que se dedican a estas labores son contratadas verbalmente y no tienen una jornada laboral definida, puesto que muchas de ellas deben estar disponibles las 24 horas del día, según las denuncias recogidas por varias organizaciones.
En este caso se reformaría el artículo 163, que estipula que «el trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127», que garantizan un día de descanso a la semana y los días de asueto con goce de salario.
En ese sentido, también se busca que los horarios de trabajo, sean respetados, es decir que la jornada contemple ocho horas de trabajo y una hora de alimentación, puesto que actualmente las condiciones en que se desempeñan las mujeres son consideradas una forma de esclavitud.
Las condiciones de vida que deben tener es otro aspecto, se incluye el suministro de una habitación digna en buenas condiciones y alimentación. Asimismo, se busca la inamovilidad de las trabajadoras, en circunstancias de embarazo o lactancia, y que tengan garantizado su derecho a los períodos pre y postnatal.
En tanto que en lo referente al salario mínimo podría conseguirse la reforma a través del artículo 105, de las Comisiones Paritarias de Trabajo, que son las que fijan los salarios.
CONCESIONES
Pese al esfuerzo que han sostenido durante más de diez años, las organizaciones de mujeres han tenido que excluir algunos puntos básicos, para que la nueva propuesta que está siendo discutida no sea detenida de nueva cuenta, ni por razones técnicas o por oposiciones machistas.
Los dos puntos que han quedado fuera de la discusión se refieren al seguro social que no gozan actualmente las mujeres y el acoso sexual, del cual muchas de ellas son víctimas.
«No estamos mencionando ni lo del servicio social ni el acoso sexual, por eso creemos que va a fructificar; aunque es un poco contradictorio para nosotras», dijo Escobedo.
Al respecto, la representante de Centracap, justificó la exclusión del tema del acoso sexual al decir que «el acoso sexual ha quedado fuera pero, este vacío será respaldado con La Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer».
Empero, reconoce que es un aspecto que se requiere, pero «en ese tema hemos visto muchos obstáculos y no creemos que vayan a pasar, si lo dejamos», adujo Díaz.
En lo referente al seguro social se requiere una modificación a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), puesto que actualmente no es posible una planilla con una sola trabajadora.
En ese aspecto, la diputada oficialista Delia Back, actual presidenta de la Comisión de la Mujer, advirtió que tal reforma se trabajará posteriormente, puesto que para reformar la Ley Orgánica del IGSS se requieren 105 votos. Ante ello, han comenzado a analizar una probable modificación al reglamento de la Junta Directiva del Seguro Social, empero aún no hay nada definido.
GARANTIZA APOYO
La diputada Delia Back, representante del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que la iniciativa contaría con el apoyo de la bancada oficial, «creemos que se tendrá el apoyo de todos en la comisión del Trabajo y de la Mujer, que tienen diferentes representantes de bloque», adujo.
Asimismo, argumentó que hay otras diputadas dispuestas a ser ponentes de la iniciativa, ya que la misma cuenta con la venia de la primera dama, Sandra Torres, quien «está anuente y nos ha solicitado que sea revisado el tema», según Back.
«Esperamos concluir la iniciativa y la revisión del Código la otra semana, luego se planteará ante las diferentes comisiones; esperamos presentarla antes del receso de medio año, en junio», aseveró la parlamentaria.