Identificar a través de datos los bordes oscuros, débiles y difusos del sistema de justicia, motivó la creación del proyecto denominado “Mapas Digitales”, con el que se espera entender el contexto de cada región para crear una política pública que garantice un verdadero acceso a la justicia, como dice la frase: pronta, eficaz y cumplida.

“Para ir a poner una queja, una denuncia nos ha tocado tomar un bus que tarda tres horas en llegar a donde está el juzgado, el pasaje cuesta treinta quetzales, y a veces nos dicen que tenemos que llegar después”, relató José Miguel de León Ceto, de la Alcaldía Indígena de Nebaj, al referirse a pobladores de comunidades rurales que buscan los servicios de las entidades del sector justicia, allí, “donde el sistema de justicia está ausente”.

La ubicación geográfica de las instituciones judiciales no es el único tema que complica el panorama del acceso a la justicia. Otros factores sociales y de infraestructura impiden que se garantice ese derecho para todos los guatemaltecos.

Además, la carencia de información estadística íntegra dificulta la compresión y el análisis de la presencia y el funcionamiento de las instituciones de dicho sector, que a su vez afectan la formulación de políticas públicas que permitirían corregir las falencias del sistema de justicia.

En ese sentido, desde hace seis años la Comisión Nacional para el Seguimiento y el Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia visualizó un proyecto que este año inició su consolidación: la creación de “Mapas Digitales”.

La aspiración del proyecto es la recopilación, unificación y análisis de la información en el tema de seguridad y justicia; identificar la incidencia criminal, la competencia de las instituciones, la ubicación geográfica, la densidad poblacional, la comunicación entre la población y los operadores de las entidades, los casos, el presupuesto y la seguridad, entre otros factores.

CAMBIAR LA SITUACIÓN

Pamela Spiegler, directora de la Comisión, explicó que a nivel nacional se carece de información general de todas las instituciones de justicia,  por lo que se inició con  firmas de convenios entre las entidades involucradas.

El pasado 26 de junio y 9 de julio se suscribieron los acuerdos con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público (MP). Durante agosto se firmarán los compromisos con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y el Sistema Penitenciario (SP).

 “Lo que queremos hacer es que la información que manejan a nivel estadístico nos la envíen por vía electrónica y tener nosotros un acceso, un enlace a sus sistemas para depositar todo en un portal”, explicó Allan Culajay Corona, encargado de Tecnologías de Información y Monitoreo de Gestión en el proyecto.

El plan en desarrollo consiste en la implementación de una herramienta informática que permita localizar y ordenar la información estadística, entre otras variables, para poder establecer la situación real a nivel nacional. (Lea: Indicadores)

Lázaro Murcia, comisionado a cargo del proyecto, indicó que éste se realizará en tres fases: la creación de indicadores, el desarrollo del portal y la fase de análisis de la información.

Spiegler, por su lado, estimó que se concluirá la primera fase este 2013.

Al ser consultado sobre la importancia del plan, Murcia manifestó que “todas las instituciones trabajan de forma dispersa, toman sus propias decisiones; como por ejemplo abren un juzgado o una fiscalía sin tomar en cuenta a las otras entidades”.

“Nosotros consideramos que es importante tener una política pública en la cual se tomen en cuenta no solo la incidencia delictiva, sino también la comunicación entre las entidades”, acotó.  

En tanto Spiegler precisó que “se aspira a la toma de decisiones, cuestionarse qué se puede hacer ante la realidad que se está mostrando. Por ejemplo, se ha determinado que no hay subestaciones de la policía en áreas fronterizas;  a través de los mapas se podrán evidenciar esas situaciones y a partir de allí emitir una serie de recomendaciones”.

“Se podrían proponer acciones de prevención; la sociedad civil ya se podría orientar. Las universidades con la información podrían hacer estudios apegados a la realidad del país, y sus necesidades”,  reiteró la entrevistada.

Splieger dijo que contar con los mapas permitirá identificar el despliegue del sistema de justicia, dónde están ubicados territorialmente, así como análisis de competencias, para ver cuánto le cuesta al Estado de Guatemala el traslape de las entidades.

“Cada instancia tiene su propia estructura y no se desarrolla en la forma complementaria. Este proyecto, las grandes líneas que espera es apoyar la  toma de decisiones con información estadística real, lo que pasa ahora, para desarrollar análisis, recomendaciones”, enfatizó.

CONCENTRAR LA JUSTICIA

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, explicó que también existe un requerimiento fundamental en la sociedad, que es acercar la justicia a quien la necesita, ya que en el interior del país los juzgados suelen estar lejos de las comunidades.

“Las competencias de todas las instancias del sector justicia están todas desordenadas, al ciudadano y al Estado le cuesta. Si hubo un  incidente, la Policía está en un lado, el Ministerio Público y el Organismo Judicial en otro, eso cuesta tiempo, recursos económicos para la población, porque ni siquiera es acorde a las vías de comunicación”, explicó.

De acuerdo con la entrevistada, las competencias deben responder a variables técnicas, como índice de criminalidad, densidad poblacional y vías de acceso.

“Si en el área occidental lo que más se da es violencia contra la mujer, entonces se pueden poner tribunales especializados en el tema de mujer. Si en oriente, por ejemplo en Chiquimula, lo que más se da son asesinatos, entonces se instala una fiscalía de delitos contra la vida”, recomendó.
 
Mack acotó que “se trata de llevar la justicia y la seguridad más cerca de la población”. Además señaló que uno de los problemas de las entidades del sector justicia es que no se llega a acuerdos en relación a la elaboración de políticas públicas, esto porque “no hay suficiente información técnica, lo que hay es suficiente información subjetiva del punto de vista de quien represente la institución en ese momento”.

“No hay información técnica que compruebe que se están tomando decisiones acertadas. A veces se toman decisiones por la necesidad de una coyuntura, cuando se tendría que contribuir a ir elaborando una política criminal”, enfatizó.

PRECARIEDAD

Renzo Rosal, director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, consideró que la carencia de datos reales afecta principalmente la toma de decisiones, así como el acceso de la información a la ciudadanía.

“Un proyecto de esta naturaleza ayuda mucho para poder analizar dónde está la concentración de la institucionalidad del sector justicia y dónde hay vacíos; identificar las zonas y municipios del país si no abandonados, con déficit de presencia institucional”,  señaló.

El analista consideró que es necesario reorientar las decisiones para que favorezcan a la población, en cobertura y acceso a la justicia.

“Se han hecho esfuerzos. En la sede principal del Ministerio Público hay un juzgado, incluso una comisaría de la PNC; pero ese tipo de situaciones de deberían dar en todo el país”, acotó. 

Rosal también dijo que es preciso conocer y entender la situación de todos los municipios, ya que la mayor violencia se concentra en por lo menos 30 lugares, pero eso no significa que en los demás esté ausente ese flagelo.

“En algunos municipios del interior del país hay mucha violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Ese tipo de datos permite ubicar de mejor forma los territorios para poder accionar y focalizar las acciones”, subrayó.

Por último enfatizó que no importa el número de efectivos que tenga la Policía, y de agentes fiscales, si no están previamente focalizados. El mismo criterio debe ser tomado en cuenta en aspectos de presupuesto y recursos humanos, dijo.

“Tanto los datos como los mapas ayudan mucho a mejorar la presencia del Estado en el territorio, que hoy por hoy, el principal reclamo ciudadano es la ausencia de las entidades, y que donde hay presencia es débil y poco sostenible”, concluyó.

DESDE EL INTERIOR

Miguel de León Ceto, de la Alcaldía Indígena de Nebaj, señaló que la distancia, pobreza, burocratización y falta de atención en las comunidades  han dificultado el acceso a la justicia en el interior del país.

“No se toma en cuenta el contexto en que se está dando la justicia, solo se basa en lo que las leyes y códigos dicen, pero no se toma en cuenta la situación en que las personas están. Si un juzgado recibe una denuncia tendrán que priorizar de dónde viene la persona, y las condiciones económicas. Todo a la hora de fijar audiencias”, consideró.

Al consultarle su opinión sobre el proyecto de Mapas Digitales calificó de positiva la intención, “es buena señal que el Estado empiece a preocuparse de que llegue a todos lados la justicia”, no obstante, dijo “ojalá no traten de imponer, sino consulten a las comunidades, para que se haga una inversión y que funcione para el país, y baje la conflictividad y aumente la confianza en el sistema, que ahora está casi al suelo”.