Interponer acciones judiciales en instancias que escapan de la jurisdicción de algunos casos, es una estrategia para procurar impunidad, de acuerdo con un analista y según un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no existen mecanismos para controlar la situación.

Recientemente se conoció que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, resolvió una acción presentada por la defensa de los sindicados en el caso Bancafé, y suspendió al juez Walter Villatoro del proceso.

Entre cuestionamientos, el Ministerio Público impugnó en la Corte de Constitucionalidad (CC), argumentando que el recurso no correspondía a la jurisdicción del tribunal de apelaciones de femicidio.

La práctica anterior es considerada como una estrategia de impunidad que busca detener los procesos, declaró Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem).

Según el entrevistado, la interposición de amparos de esa forma representa una mala práctica de parte de los abogados defensores.

“Seguramente buscan generar impunidad, pero también de alguna forma tratan de sorprender a los jueces que trabajan de buena fe. Además en cierta medida pueden haber casos donde los juzgadores ya conocen que el caso se está tramitando en otra jurisdicción y no obstante conocen los recursos cuando evidentemente violan la Ley”, manifestó.

De acuerdo con Canteo es fundamental que la CSJ ejerza controles adecuados para evitar que se siga utilizando esa estrategia con alta impunidad.

NO EXISTEN MECANISMOS

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, consideró que en casos donde las impugnaciones son presentadas en instancias judiciales alejadas del proceso diligenciado, se ponen en evidencia irregularidades.

Una de ellas es que “se deja abierta la puerta para que en algunos lugares donde un litigante tenga un juez o magistrado conocido pueda tramitar un amparo con mayor celeridad y con un criterio un poco más favorable”, señaló.

Fernández agregó que debe regularse algún método para evitar ese favoritismo y esa situación, ya que en la actualidad la Corte no cuenta con mecanismos para hacer que los amparos se diligencien con seguridad.

“Actualmente no existe un mecanismo que lo impida, ya que el amparo es una institución muy garantista y protectora, por lo tanto no admite muchos obstáculos”, acotó.

UN CASO

Amílcar Enrique Colindres Hernández, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, resolvió favorablemente un amparo presentado por la defensa de Carlos de León Argueta, en un proceso diligenciado en la capital.

Por ese caso, Colindres fue denunciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el informe “Los jueces de la impunidad”, porque su fallo “se convierte en una acción que lesiona el correcto desempeño de los funcionarios públicos encargados de administrar justicia”.