De dos a 16 quetzales se incrementó el financiamiento estatal a los partidos polí­ticos, según la nueva Ley Electoral, pero ¿cómo gastan los dirigentes esos recursos, existe un normativo o queda a discreción de sus autoridades y quién los fiscaliza?, son algunas de las interrogantes que en este reportaje trataremos de responder.

De 1985 a la fecha, el Estado ha entregado más de Q17 millones a los partidos polí­ticos por el número de votos obtenidos, siendo el Frente Republicano Guatemalteco, el Partido de Avanzada Nacional, la Democracia Cristiana, la Gran Alianza Nacional, Unión del Centro Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza, respectivamente, quienes del total han recibido Q14.2 millones.

Según el auditor electoral, Hermelindo Mairen, la deuda polí­tica es utilizada para el sostenimiento del partido: alquileres de inmuebles, mobiliario y equipo, vehí­culos y combustible, entre otros.

El auditor está facultado para fiscalizar ese gasto, pide a los partidos polí­ticos que presenten un presupuesto y en base a ello verifica que el destino sea para el sostenimiento del partido, pero queda a discreción de la dirigencia partidaria la ejecución del gasto.

Redactarán instructivo

Asimismo, Mairen asegura que están preparando un instructivo en el que tratarán de unificar los aspectos contables para todos los partidos, una sola contabilidad, nomenclatura, rubros y formularios para ingresos y egresos.

Para fortalecer este trabajo de fiscalización, contratarán un auditor en cada cabecera departamental y se ha creado una división para auditorí­a interna, contratarán de manera temporal a 45 personas que se encargarán de fiscalizar los fondos privados y de ellos se quedarán laborando en el tribunal por lo menos siete de forma permanente.