El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) buscan enviar a juicio a 8 militares señalados por desfalco en Ministerio de la Defensa, durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo.

En el Juzgado Décimo del Ramo Penal la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI), y la CICIG, querellante adhesivo en el proceso, buscan enviar a juicio a ocho militares que trabajaron en el departamento financiero del Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

El general Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, se encuentra sindicado dentro de este caso, junto a los militares Pedro Catalán Muñoz, Miguel Ángel Salguero, Sergio Hugo Cárdenas, Randolfo Chacón, Luis Gómez, Luis Estrada y el abogado Moisés Galindo Ruiz.

Según la investigación, los mencionados habrían autorizado decretar Q471 millones como secreto militar para ampararse de la reserva de la información, para no notificar sobre los movimientos del dinero.

Posteriormente por medio de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se estableció que los fondos fueron extraídos de la institución en efectivo.

De acuerdo con la información, debido a esto, las autoridades  no han podido determinar el paradero del mismo, ya que el rastreo se dificultó porque el desfalco fue hecho con movimientos de dinero en efectivo.

En este proceso, la fiscalía cuenta con aproximadamente 300 medios de investigación, entre los que destacan documentos e  informes contables. 

Por este caso, los señalados enfrentan proceso penal desde el año 2009, por los delitos de peculado y falsedad ideológica. Actualmente todos los militares se encuentran gozando de libertad condicional, como una medida sustitutiva para evadir  la cárcel.

Ríos Sosa fue capturado el 26 de mayo del año 2009, por una orden de captura emanada del Juzgado Sexto del Ramo Penal.

INCIDENTES

Previo a escuchar la solicitud de enviar a juicio a los procesados, el juez Décimo, Walter Villatoro entró a conocer tres incidentes planteados por la defensa.

El primero de ellos buscaba que el juzgado se separara del caso, alegando que no tenía competencia para conocerlo, y pidieron que el proceso regrese al Juzgado Quinto del Ramo Penal.

Por otro lado, los abogados alegaban falta de acción, y que durante el caso se ha violado el debido proceso. En el caso, la defensa de Ríos Sosa también ha presentado acciones que buscan separar a la CICIG de la causa.

Por último, el sindicado Ríos Sosa, solicitó que fuera levantado el embargo dictado sobre una finca a su nombre.