La Coordinadora Juventud por Guatemala considera que los gobiernos solo han impulsado acciones represivas, excluyentes y marginales, por lo que la creación de condiciones institucionales y presupuestarias que generen su desarrollo integral, es una de las deudas históricas que el Estado tiene con los jóvenes.
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En ese sentido, jóvenes organizados proponen la creación e implementación del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Juventud, como una de las principales medidas para la consolidación de una institucionalidad sólida que impulse políticas para la juventud.
La propuesta está inmersa en el documento ¿Y la juventud qué?, el cual plantea el estado situacional de los derechos de la juventud en Guatemala, presentado recientemente por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la cual integra dicha Coordinadora.
La principal función del Sistema, sería la de articulación de las acciones en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Juventud, empero, para su funcionamiento, requeriría de la creación de unos seis órganos más, entre ellos, una secretaría nacional, una coordinadora interinstitucional, un foro nacional, foros departamentales, municipales y los programas específicos.
Los jóvenes han tomado como ejemplo procesos similares implementados en países como España, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica, entre otros, donde se ha logrado prevenir el involucramiento de esta población en procesos de violencia y acciones delincuenciales.
EN «MANOS DE LOS DIPUTADOS»
íbner Paredes, representante de CALDH, consideró que la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, por el Congreso de la República, es uno de los principales compromisos que el Estado debe asumir con la juventud, puesto que el mismo entró en vigencia en 2005 y desde esa fecha la iniciativa está en el parlamento, empero no ha tenido respuesta positiva.
Asimismo, Paredes se refirió a la creación de la ley de desarrollo integral de la juventud, cuya propuesta también está en el Organismo Legislativo, cuya iniciativa fue construida con la participación de las organizaciones integrantes de la Coordinadora.
«Es evidente que el presente y futuro de la juventud guatemalteca está en manos de los diputados y diputadas», dijo Paredes.
DEFENSORíA
Los jóvenes también instaron al Procurador de los Derechos Humanos para que implemente una Defensoría de la Juventud, por medio de un acuerdo de la institución. La misma deberá crear una unidad de seguimiento a hechos violatorios de los derechos de la juventud, por las instituciones estatales.
La propuesta dispone que la representación de la defensoría esté a cargo de un joven propuesto por organizaciones juveniles departamentales y municipales.
El documento presentado públicamente detalla que como consecuencia de la política nacional de seguridad, muy similar a las estrategias regionales influenciadas por las medidas de seguridad norteamericanas, han reprimido y criminalizado a la juventud.
Sólo en 2006 se registraron 23,990 jóvenes de entre 18 y 29 años detenidos por las fuerzas de seguridad, la mayoría de estos hechos sucedieron en la capital y el departamento de Escuintla, y en el noroccidente del país, según el texto.