El diputado Juan Alcázar presentó una iniciativa de ley para crear un sistema nacional de información que integre datos de varias entidades.

Una iniciativa de ley fue entregada a Dirección Legislativa, la cual pretende crear un sistema nacional de integración de la información conocida como Plataforma Guatemala, que se encargaría de integrar todas las bases de datos que existen en las instituciones del Estado.

“Aquí lo que  buscamos es prevenir cosas basado en que se sepa cómo está actuando, si la persona ya estuvo en la cárcel, por ejemplo, se puede parar a una persona por pasarse un semáforo en rojo y cuando el policía registra y ve que la persona tiene orden de captura, esto nos puede ayudar a prevenir”, señaló el diputado ponente, Juan Alcázar.

La propuesta establece contar con las bases de datos que manejan entidades como Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Registro Nacional de las Personas, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Tribunal Supremo Electoral, Organismo Judicial, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Superintendencia de Administración Tributaria, Registro de la Propiedad.

“Vemos que esto podría ser un avance en la investigación criminalística, pero también en la anticipación al delito, que es lo que buscamos. La plataforma se crearía a través de un consejo integrado por tres miembros: uno de Gobernación, otro del Ministerio Público y otro del Organismo Judicial” detalló.

El modelo, declaró el congresista, es parecido a lo que se ve en las series de televisión donde las autoridades pueden conocer el expediente de la persona solo con la huella digital.

El proyecto sería similar al implementado en el país vecino conocido como Plataforma México, la cual es coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública. Es una base de datos nacional que contiene más de 427 millones de registros de huellas dactilares, balísticas, voz y fotografías, donde las autoridades pueden comparar informe de criminales.

La dinámica de la plataforma permite la inteligencia operativa, correlación y cruce de información, tableros de control y mapas delictivos, contiene casos e investigaciones de criminales. Países como Perú han mostrado interés en poner en marcha un proyecto similar.

LOS RIESGOS DEL PROYECTO
Debido a la discrecionalidad que se necesita para el manejo de datos, el riesgo de fuga de información es un peligro latente, así lo reconoció el diputado,  por lo que se busca que el Consejo tenga la responsabilidad de proteger los datos a fin de que no se utilicen en detrimento de la población.  La propuesta de ley establece penas de prisión de seis a 10 años inconmutables para las personas que intenten  sacar provecho del registro de datos.

“Queremos que la información sea bien utilizada, por eso incluimos penas mayores a los cinco años” resaltó. El legislador espera seguir al frente de la Comisión de Gobernación el próximo año, ya que esto le permitía discutir y dictaminar de forma favorable el proyecto, para que pueda ser conocido en el pleno del Congreso lo antes posible.

Las presidencias de las salas de trabajo se definirán en enero próximo cuando inicie el período ordinario de sesiones plenarias.