El Ministerio Público inició con la distribución de fotografí­as y allanamientos en busca de cuatro miembros de la Junta Directiva del desaparecido Banco de Comercio, quienes se considera incurrieron en el delito de estafa propia.

Más de diez allanamientos efectuó este dí­a el Ministerio Público con colaboración de elementos de la Policí­a Nacional Civil, en busca de los cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de Comercio; según el fiscal del caso, Jorge Luis Donado, los operativos tuvieron resultado negativo debido a la fuga de información que alertó a los exigidos por la justicia.

A criterio de la Fiscalí­a contra el Crimen Organizado, el ex presidente del Banco de Comercio, Jorge Ibarra Rivera Iglesias, Roberto Manuel Segovia Olivotto (vicepresidente), Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz (segundo vicepresidente) y Carlos Enrique Abularach Zablah (secretario), habrí­an incurrido en el delito de estafa propia.

«Hemos efectuado desde primeras horas de este dí­a once allanamientos con resultados negativos; dichos allanamientos se realizaron en diferentes puntos del paí­s en inmuebles en los que se consideraba la existencia de las personas buscadas. Creemos que hubo fuga de información que alertó a las personas que estamos buscando», refirió Jorge Luis Donado, fiscal del caso.

Donado mencionó durante conferencia de prensa, que la Superintendencia de Bancos presentó la denuncia en base a informes y documentos que son analizados por los peritos y asesores designados por el ente investigador.

El fiscal no descartó la realización de más investigaciones que podrí­an crear la posibilidad de que surgieran indicios de nuevos delitos a imputar en contra de los personeros del desaparecido banco.

El Ministerio Público ha recibido ví­a telefónica diversas quejas de personas que resultaron afectadas por el cierre de operaciones del Banco de Comercio, cuentahabientes también han acudido al MP para presentar la denuncia; según las estadí­sticas que posee la fiscalí­a que investiga el caso, unos 5 mil ahorrantes resultaron afectados a través de depósitos a plazo fijo, por pagarés extendidos por la entidad bancaria sin el respaldo correspondiente.

«De acuerdo con informes de Migración, los exigidos por la justicia guatemalteca aún no han salido del paí­s. Hasta el momento la fiscalí­a tiene el indicio que los personeros del Bancomer habrí­an incurrido en el delito de estafa propia, ya que por polí­tica del Consejo de Administración de la Junta Directiva del banco se autorizaba depósitos a plazo fijo en una entidad completamente ajena al Banco de Comercio, S.A.», expresó el investigador del MP.