La Comisión Europea dio el martes carpetazo a la polémica que le enfrentó a Francia por sus expulsiones de gitanos, afirmando que las garantías ofrecidas por el gobierno de Nicolas Sarkozy de que cumplirá con el derecho comunitario bastan para renunciar a abrirle un expediente.
Viviane Reding, la comisaria europea que atacó duramente a París por la repatriación de gitanos rumanos y búlgaros, amenazando con iniciar dos procesos de infracción en su contra, juzgó que Francia respondió de forma «positiva, constructiva y en el plazo previsto» a las exigencias de Bruselas.
Francia accedió el viernes pasado a modificar su legislación nacional y aplicar adecuadamente la normativa europea de 2004 que garantiza la libertad de circulación de los ciudadanos de todos los Estados de la Unión Europea (UE), de la que forman parte Rumania y Bulgaria.
El gobierno hizo «lo que le pidió la Comisión» y por lo tanto abandona la idea de lanzar un expediente en su contra, se felicitó en un comunicado Reding, advirtiendo empero de que «velará porque los compromisos de Francia sean aplicados íntegramente».
Forzando a París a modificar su derecho nacional, la Comisión Europea se anotó un tanto pero perdió la partida con el gobierno francés, al que Reding acusó y amenazó abiertamente con llevarlo ante la justicia europea.
«Estoy muy feliz de que la razón triunfe», reaccionó el presidente francés, Nicolas Sarkozy, estimando que la decisión de Bruselas «cierra un periodo de polémica que todo el mundo podría haberse ahorrado».
El clima entre Bruselas y París llegó a tensarse hasta tal punto que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, estaba ahora ansioso por archivar el caso y evitar que «contaminara» la cumbre de la UE prevista la próxima semana en Bruselas, dijeron fuentes diplomáticas a la AFP.
En nombre de la seguridad, el gobierno del conservador Sarkozy aceleró desde fines de julio el cierre de campamentos ilegales de gitanos y la repatriación a sus países de origen, pese a la condena que esta política suscitó en Francia y en el extranjero, tachada de discriminatoria.
La ONU y el Vaticano se mostraron preocupados y la Comisión Europea arremetió duramente contra París al conocerse la existencia de una circular en la que se ordenaba a la policía desmantelar «con prioridad» los campamentos de gitanos.
Francia retiró la orden, pero Bruselas afirmó que se le había agotado la paciencia y le amagó con abrirle sendos expedientes por discriminación y no respeto de la libre circulación de ciudadanos europeos.
La comparación de las expulsiones con las deportaciones de la II Guerra Mundial que lanzó públicamente Reding a principios de septiembre, acabó de desatar la tormenta entre París y Bruselas.
Airado, Sarkozy exigió disculpas a la comisaria europea, que tuvo que dar marcha atrás, abandonar su idea de expedientar a Francia y contentarse con lanzar un ultimátum para que modificara su legislación, que expiró el pasado viernes.
París aceptó dar ese paso y presentó un calendario hasta inicios de 2011 para integrar en su derecho nacional las garantías de que toda restricción de la libre circulación, a la que tienen derecho los gobiernos de la UE en ciertos casos, se hará de forma «no arbitraria, discriminatoria ni desproporcionada».