El Movimiento de Derechos Humanos respaldó a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), avalada por la ONU, que acusó a un ex fiscal de integrar estructuras clandestinas que alimentan la impunidad en el país.
«Nosotros respaldamos a un organismo internacional que está haciendo su trabajo para rescatar de las manos del crimen organizado y de los aparatos clandestinos de seguridad al Estado» guatemalteco, dijo en rueda de prensa la dirigente del Movimiento, Claudia Samayoa.
La dirigente criticó la decisión de un tribunal de dejar en libertad, bajo fianza, al ex fiscal ílvaro Matus, acusado por la CICIG de conspiración e incumplimiento de deberes, entre otros delitos.
Matus es el primer ex alto funcionario que la CICIG pone en el banquillo de los acusados por avalar la impunidad en Guatemala.
«Hemos visto cómo los mecanismos de la impunidad impiden que avance la investigación de las estructuras clandestinas de seguridad que operan en el país», dijo el director del organismo, el jurista español Carlos Castresana.
La activista Helen Mack respaldó también a la CICIG y recordó cómo se extraviaron evidencias en varios casos que llevó Matus, entre ellos el del asesinato, en abril de 2008, de un ex asesor del ministerio del Interior, el venezolano Víctor Rivera, precisó.
Samayoa apuntó que la CICIG, instalada en enero de 2008, «es el instrumento más poderoso que tenemos para luchar contra la impunidad», en la que según Castresana, están implicados militares, periodistas, políticos, empresarios, jueces, abogados, fiscales y policías, entre otros.
Entre tanto, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Nery Rodenas, resaltó que la puesta en libertad de Matus dejó en evidencia «hasta dónde llegan las estructuras clandestinas para obstaculizar y bloquear la aplicación de la justicia».