Niña secuestrada. Chofer muere a balazos. Mujer apuñalada. Linchado por comunidades… algunas formas de decir buenos días a la población guatemalteca. Un terror generalizado por la falta de seguridad carcome, la población urge de soluciones y en un intento más por «resolver» el problema en cada rincón del territorio nacional, el Comandante General de las Fuerzas Armadas anuncia que tiene la intención de: «aumentar la tropa de efectivos militares de 15 mil a 25 mil hombres, de forma gradual».
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Para lograr ese objetivo en el Presupuesto General de la Nación del 2009, se le asignaron mil 301 millones de quetzales a Defensa, posteriormente el Organismo Legislativo dio vía libre para otorgarle un aumento de Q150 millones a esa cartera. Todo justificado bajo el reglón de modernización, equipamiento y pago de salarios para tareas de «seguridad ciudadana».
La propuesta operativa surge en el marco de respuesta «efectiva y sobre todo práctica», que el Estado busca dar al clamor popular de resguardo y garantía del derecho fundamental a la vida, que además se ubica en un contexto de olvido y resarcimiento económico, más que en uno de justicia y resarcimiento integral que incluya castigo a quienes han cometido crímenes.
«Se deben voltear las páginas trágicas de la historia guatemalteca y caminar a la construcción», pero bajo ninguna perspectiva señor Presidente, voltear implica olvidar y mucho menos pasarse por el rincón más oculto del cuerpo, los Acuerdos de Paz, en este caso, el que refiere al Fortalecimiento del Poder Civil y el papel del Ejército en una sociedad democrática, donde claramente se expresa que no corresponde a los militares el resguardo de la población.
Es evidente que el tema seguridad, y no sólo en el caso del organismo Ejecutivo, se aborda desde una perspectiva simplista y aislada donde la represión y criminalización es la constante. La población ha perdido la confianza en sus instituciones, ¿por qué entonces no apostarle a recuperarla? ¿Acaso no salta a la vista que no puede seguir postergándose el tema?
Los más de 17 asesinatos diarios, los cientos de municiones y armas sin control que circulan por todo el país, la proliferación de empresas que lucran con el miedo, la casi nula suma de casos en los que se ha logrado condenar a las personas que han violado material e intelectualmente la ley, entre cientos de casos y cosas más, se deben abordar bajo la perspectiva de avanzar, construir y trabajar por una nueva sociedad, pero no se logrará si se recurre a prácticas estatales que únicamente responden a coyunturas actuales y no se apuesta por erradicar la impunidad como práctica social.