Comisión Europea lanza propuesta
La Comisión Europea adoptó hoy su propuesta oficial para establecer una Asociación Estratégica entre la Unión Europea y México, un nivel de relación que la UE sólo tiene con potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Brasil.
Si bien ambas partes ya dieron su acuerdo político a tal efecto durante la V Cumbre UE-América Latina celebrada en Lima en mayo pasado, la decisión aprobada hoy por Bruselas significa el inicio del procedimiento formal para concretar este proyecto.
En ese sentido, la Comisión Europea debe presentar esta propuesta al Consejo de Ministros de la UE y al Parlamento Europeo. Una vez que éstos la hayan aprobado, el contenido de la Asociación Estratégica se discutirá con México.
«Nuestra relación con México ha ido aumentando y profundizándose en las últimas décadas y México se ha convertido en uno de nuestros socios importantes, no sólo en América Central y América Latina sino también a escala mundial», dijo la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero Waldner.
«Estoy convencida de que esta Asociación Estratégica nos conducirá a una nueva comprensión mutua, que nos permitirá prestar la debida atención a intereses e inquietudes en cuestiones bilaterales y multilaterales de interés para ambos», agregó.
En efecto la Asociación Estratégica contribuirá a reforzar aún más las relaciones entre la UE y México, que ya tienen en vigor desde 2000 un Acuerdo de Asociación.
Los ámbitos que la Comisión ha considerado que merecen una mayor coordinación son cuatro: político, seguridad, medio ambiente y seguridad energética y cuestiones socioeconómicas.
En el área política, se busca impulsar temas como «el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el diálogo cultural, América Latina, la integración regional y el Grupo de Río», indicó Bruselas.
En ese marco, Ferrero Waldner dijo que «hay que ayudar a México a superar» el difícil momento que atraviesa actualmente en la cuestión de los derechos humanos, un tema en el que se debe luchar «a nivel local».
«Las cosas están más claras ahora. Es importante que las cosas salgan», indicó la comisaria, en referencia a las denuncias por violaciones de los derechos humanos, que a su entender no impiden que en México haya «habido avances» en la materia.
En el sector de la seguridad, las prioridades son «la lucha contra el terrorismo, los Estados fracasados, la delincuencia organizada, la droga y el tráfico de seres humanos».
En cuanto a medio ambiente y seguridad energética, Bruselas quiere desarrollar el diálogo y la cooperación sobre «cambio climático, las catástrofes naturales y la lucha contra la explotación excesiva de las poblaciones de peces».
Por último, y en el área socioeconómica, los ejes serán «la política de desarrollo, la inversión y la responsabilidad social, los derechos de propiedad intelectual e innovación, la apertura de mercados, la política social, el trabajo digno, y la protección social, la migración y la pobreza».
En la comunicación presentada hoy, Bruselas propone que se celebren cumbres UE-México cada dos años.
En el marco de su Acuerdo de Asociación, México y la UE tienen desde hace ocho años un Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha dado lugar a intercambios por 42 mil millones de dólares anuales en 2006, convirtiendo a Europa en el segundo socio comercial del país latinoamericano y la segunda fuente de inversión extranjera directa.
El Gobierno español recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional el controvertido proyecto de consulta popular sobre la autodeterminación del País Vasco, impulsado por el gobierno regional vasco, que consideró un «ataque» a su autonomía la iniciativa de Madrid.
El presidente regional vasco, Juan José Ibarretxe, calificó el recurso de «ataque frontal a nuestra autonomía», que supone «de hecho, la suspensión de nuestro autogobierno político» y anunció una «respuesta serena», pero sin detallar en qué consistirá.
El Ejecutivo socialista español presentó el recurso de inconstitucionalidad después que hoy fuera publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) la ley que autoriza «una consulta popular» en octubre sobre la «apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política» en el País Vasco.
El Gobierno, que ya había anunciado que recurriría a la justicia para bloquear la consulta considerada «anticonstitucional» en cuanto fuera publicada en el BOPV, ha pedido al Alto Tribunal «la impugnación» de la ley, que implica la suspensión automática de la misma, en cuanto el tribunal admita a trámite el recurso, probablemente hoy mismo.
El gobierno español considera que la consulta «pretende marginar el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para la autorización de la consulta popular que se prevé» en la Constitución Española de 1978, según un comunicado del ministerio de Justicia.
Además, asegura que una de las dos preguntas previstas en la consulta viola la Constitución porque «es contraria a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo) y por la misma atenta contra la unidad de España».
En concreto, la pregunta inquiere si «Â¿Está usted de acuerdo en que los partidos políticos vascos sin exclusiones inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?».
El jefe del gobierno regional vasco, que calificó la consulta de «no vinculante», defendió que su iniciativa pretende «conocer la opinión de los vascos» para orientar «la acción de las instituciones vascas» y afirmó que seguirá preparándola.
No obstante, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie antes del 15 de septiembre, fecha en la que tenía previsto convocar oficialmente la consulta, pues de lo contrario, se reserva todas las acciones políticas necesarias.
Al recurso del gobierno podría unirse próximamente otro del principal partido de la oposición en Madrid, el conservador Partido Popular (PP, derecha), que ya anunció que también recurriría esta consulta ante el Constitucional.
Los diputados regionales vascos habían aprobado el pasado 27 de junio en Vitoria, capital administrativa del País Vasco, por una corta mayoría esta proyecto de consulta promovido por Ibarretxe.
El proyecto prevé la organización de una «consulta popular» regional el 25 de octubre de 2008, vista como un primer paso de una «hoja de ruta» destinada, según Ibarretxe, a solucionar el conflicto vasco.
Ibarretxe quiere hacer dos preguntas a los vascos, la segunda de las cuales, además de la impugnada por el gobierno español, pregunta si «Â¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta su voluntad de forma inequívoca de poner fin para siempre a la violencia?».
El jefe de Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, defendió y justificó hoy en Roma ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, la política migratoria del gobierno conservador que lidera y las medidas adoptadas, como el controvertido censo de los gitanos.
«Si existe un país abierto, que mira con buenos ojos a la gente que toma la valiente decisión de venir aquí, poniendo en ocasiones en peligro la propia vida, ese es Italia, cuyas gentes en el pasado tuvieron que emigrar», aseguró Berlusconi durante una conferencia de prensa conjunta celebrada con Barroso.
Tomar las huellas de los habitantes de los campamentos para un censo «responde a la necesidad de saber quién reside allí», dijo Berlusconi, tras asegurar que la «voluntad del gobierno es lograr que los niños puedan ir al colegio» y «se integren como ciudadanos europeos».
«Pero hay que rechazar a los extranjeros que vienen a Italia para cometer crímenes. Cerca del 40% de las personas que se encuentran en prisión son extranjeras», afirmó.
Barroso reconoció por su parte que se ha establecido un clima de «colaboración perfecta» entre Italia y la Comisión Europea sobre el controvertido tema, que generó fuertes tensiones con el Parlamento Europeo.
«Estoy seguro que vamos a encontrar una solución», comentó.
«Tengo plena confianza en el respeto de los valores democráticos de Italia», aseguró Barroso, quien recordó que su papel es el de «vigilar el cumplimiento de los tratados europeos».
La decisión del gobierno italiano de fichar a través de las huellas dactilares a los habitantes de los campamentos gitanos provocó tensiones entre Italia y Europa.
En una resolución adoptada el pasado jueves, los diputados europeos calificaron la medida de «acto de discriminación directa basado en la raza y el origen étnico, prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
En la resolución, el Europarlamento exigió la supresión de la medida por ser «discriminatoria».
Por su parte, el gobierno italiano repudió con «fuerza e indignación» la resolución del Parlamento Europeo que pide además el cese de la recolección de huellas dactilares de los gitanos en toda la península y la justificó.
Unos 150 mil gitanos viven en Italia, muchos ellos de origen rumano o de la ex Yugoslavia, aunque en su mayoría son italianos.
Los gitanos que residen en varios campamentos de Nápoles y Milán comenzaron ya a ser fichados, mientras en Roma se inciará el censo en unos dos días y con la asistencia de la Cruz Roja.
A los gitanos que se encuentran en la capital no se le tomarán las huellas dactilares a pedido del alcalde de la capital, Gianni Alemanno.
Unos 10 mil gitanos residen en los campamentos ilegales de los alrededores de la capital.
La presencia de la Cruz Roja durante el censo deberá garantizar que los datos (incluso las vacunaciones y el estado civil) sean guardados en una base de datos informática que puede ser consultada sólo con la autorización de la magistratura, indicaron fuentes de prensa locales.
La Comisión Europea espera que el gobierno italiano presente a finales de mes un «informe completo» sobre el tema para evaluar o rechazar las medidas.
«Espero en una política común europea sobre temas como energía y emigración. Sería absurdo que se aplicaran 27 políticas según el país miembro», declaró Barroso, dirigente del centro derecha portugués, miembro del Partido Social Demócrata (PSD), lanzado oficialmente por Berlusconi para otro mandato de cinco años a partir del 2009 para la presidencia de la Comisión Europea.